La ley educativa elevaría a rango constitucional el derecho de exiliados a votar, desafiando la suspensión cautelar del Supremo
Sumar registrará una enmienda a la Ley Orgánica de Educación para garantizar el derecho a voto de los descendientes de exiliados españoles, afectados por el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspendió cautelarmente su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La medida, anunciada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, busca elevar a rango legal la instrucción que el TS cuestionó, protegiendo así a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada ‘ley de nietos’ y ya estaban inscritos. Según Santiago, la enmienda «blindaría» este derecho, evitando que el Supremo vuelva a cuestionarlo.
El TS paralizó en julio la inscripción de estos votantes, argumentando que la ley de 2005 —que permitió a descendientes de exiliados recuperar la nacionalidad— no garantizaba su residencia en España. La suspensión afecta a unos 1.500 votantes (cifra estimada por Sumar), aunque el TS aclaró que no revisaría los casos ya resueltos.
La enmienda se presentará durante el plazo de enmiendas parciales a la ley educativa, que cierra en octubre. Santiago criticó que el TS «infringió un derecho constitucional» al privar del voto a españoles, algo «nunca visto en democracia». El derecho a voto de los exiliados solo se había restringido durante dictaduras, según su argumentación.
El conflicto se enmarca en la polémica por la ‘ley de nietos’, recurrida por la Abogacía del Estado en 2022 por supuestos fraudes. El TS anuló en 2024 la sentencia que la mantenía, pero el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un proyecto de ley para regularizar las nacionalidades concedidas. La enmienda de Sumar podría acelerar ese proceso, aunque su éxito dependerá de los apoyos parlamentarios.
El Tribunal Supremo, en su auto de julio, aclaró que no revisaría los casos ya resueltos, dejando a los 1.500 votantes en una situación de incertidumbre. Esta decisión subraya la necesidad de una intervención legislativa que consolide el derecho al voto de los descendientes de exiliados.
La enmienda se presenta durante el plazo de enmiendas parciales a la Ley Orgánica de Educación, que cierra en octubre, lo que permite a Sumar actuar antes de que el Congreso finalice la discusión y garantice que la instrucción quede sin efecto.
