El juez Santiago Pedraz traslada su petición a la Fiscalía para incluirla como acusación particular en la Audiencia Nacional
La juez Beatriz Viedma, instructora del caso que llevó a juicio a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— por presuntos enchufe en la Diputación de Badajoz, ha solicitado ser considerada **perjudicada** en la investigación abierta a Leire Díez, conocida como la *fontanera de Ferraz*. Viedma acusa a Díez de obstaculizar su labor como instructora con maniobras que, según su escrito, entorpecen la justicia.
El juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire en la Audiencia Nacional, ya ha dado **traslado a la Fiscalía** para que valore si Viedma puede adherirse como **acusación particular**. La decisión dependerá ahora de si el Ministerio Público considera que su petición cumple los requisitos legales para sumarse al proceso.
Viedma investigó durante casi dos años a David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz, un caso que terminó con su condena en 2025. Su solicitud actual se enmarca en un contexto de **tensión institucional**: Díez, militante socialista y figura clave en la red de apoyo al PSOE, ha sido investigada por supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con su gestión en el partido. La juez alega que Díez, al actuar como portavoz no oficial de la defensa, **ha interferido en la independencia judicial** durante la instrucción.
La Fiscalía tendrá ahora **10 días hábiles** para pronunciarse, según fuentes judiciales. Si se acepta su inclusión, Viedma podría presentar pruebas adicionales o alegatos que refuercen la acusación contra Díez. El caso, que se tramita en la Audiencia Nacional, podría escalar si se demuestra que Díez **obstruyó deliberadamente** la investigación de Viedma, algo que el PSOE ha negado hasta ahora.
Este episodio revuelve el debate sobre **la influencia de militantes en casos con conexiones políticas**. Mientras, el PSOE evita pronunciarse públicamente, aunque fuentes cercanas a la dirección insisten en que Díez actúa «en defensa de la legalidad». La decisión de la Fiscalía podría definir si el caso trasciende lo judicial y se convierte en un **nuevo frente de conflicto entre el poder judicial y el político**.
