El Ministerio Público argumenta que sus decisiones podrían haber influido en el desarrollo de los hechos y evita duplicidades en la investigación
La Fiscalía de Ceuta ha solicitado a los juzgados locales que remitan la investigación sobre el delegado del Gobierno **Miguel Ángel Pérez Triano** a la **Audiencia Nacional**, competente para analizar su posible responsabilidad en la crisis migratoria de julio de 2024. Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público considera que las decisiones u omisiones de Pérez Triano «pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos», incluyendo la gestión de dispositivos de vigilancia, auxilio y recepción.
La Fiscalía detalla que las denuncias presentadas por **Manos Limpias** y **Hazte Oír** apuntan a su «eventual responsabilidad» por las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y la presunta omisión de medidas preventivas. El escrito subraya que la investigación debe analizar «la unidad del hecho histórico» para evitar duplicidades y contradicciones en las resoluciones judiciales.
La Audiencia Nacional ya instruye la causa central sobre la entrada masiva de inmigrantes, por lo que la Fiscalía propone concentrar en un mismo juzgado tanto la actuación de quienes facilitaron la llegada como la respuesta institucional, incluyendo la gestión de Pérez Triano. Este paso llega tras la inhibición de los juzgados ceutíes, que habían abierto diligencias previas.
El delegado del Gobierno en Ceuta, nombrado en febrero de 2024, fue designado por el Gobierno de **Pedro Sánchez** para gestionar la crisis tras la llegada masiva de migrantes a nado. Su papel ha sido objeto de críticas desde entonces, con acusaciones de falta de coordinación y respuesta insuficiente ante la emergencia humanitaria.
La decisión de la Fiscalía refuerza el enfoque judicial sobre la **crisis migratoria de Ceuta**, que en julio de 2024 superó los **7.000 llegadas en una sola semana**, según datos del Ministerio del Interior. La investigación podría determinar si las autoridades conocían el riesgo y si actuaron con la diligencia necesaria para evitar o mitigar los daños.
