El Ministerio para la Transición Ecológica tiene diez días para informar sobre desconexiones, expedientes sancionadores y medidas preventivas
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado un plazo de diez días hábiles al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para revelar detalles clave sobre el apagón eléctrico del 28 de abril, incluyendo qué centrales no respondieron correctamente, las desconexiones producidas y si se abrieron expedientes sancionadores contra operadores.
La resolución, estimada tras meses de silencio ministerial, obliga a facilitar información sobre el informe del Comité de análisis de la crisis eléctrica, la programación de centrales síncronas y las medidas adoptadas para evitar nuevos incidentes. El Ministerio, que no respondió a una solicitud formal presentada el 13 de enero, deberá también detallar la duración del apagón, el número de usuarios afectados y las zonas geográficas impactadas.
El Consejo reprocha al Ministerio su falta de contestación, recordando que la Ley de Transparencia obliga a resolver solicitudes en plazos establecidos. La resolución subraya que la información reclamada tiene carácter público, salvo que existan límites legales no alegados por la Administración. Entre los datos más sensibles figuran los expedientes sancionadores abiertos contra operadores, un punto con potencial impacto político y empresarial.
El apagón del 28 de abril afectó a más de 3 millones de usuarios en varias comunidades autónomas, según datos preliminares de Red Eléctrica de España. El incidente, uno de los mayores en décadas, puso en evidencia fallos en la gestión de la red y la capacidad de respuesta de las centrales. La obligación de informar ahora podría aclarar si hubo responsabilidades operativas y qué medidas técnicas se han implementado desde entonces.
El plazo de diez días para responder es el resultado de un proceso iniciado tras la reclamación presentada el 6 de mayo por un particular, que denunció el silencio administrativo. El Consejo ha incluido en su resolución la obligación de remitir una copia de la información entregada al reclamante, garantizando así su acceso público.
