La Abogacía del Estado prepara un recurso de reposición para evitar la paralización cautelar y forzar una decisión de Conde-Pumpido antes de las generales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha activado este lunes un mecanismo legal para intentar saltarse la paralización cautelar del Supremo sobre la ley de los nietos y llevar el caso directamente al Tribunal Constitucional, de mayoría izquierdista y presidido por Cándido Conde-Pumpido.
La estrategia pasa porque la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), interponga un recurso de reposición ante el propio Supremo. Este trámite es obligatorio si el Ejecutivo quiere impugnar las medidas cautelares que frenaron la aplicación de la instrucción de la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que amplió los criterios para registrar a descendientes de españoles en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA).
El objetivo es que el Constitucional, con mayoría progresista, revise el auto del Supremo y desbloquee el proceso antes de las próximas elecciones generales. Hasta ahora, la Fiscalía y la Junta Electoral Central (JEC) han renunciado a recurrir la decisión del Alto Tribunal, lo que agiliza el camino hacia la Corte de Garantías.
La ley de los nietos, impulsada por el Gobierno, fue denunciada por la organización Iustitia Europa en junio de 2026. El Supremo paralizó su aplicación cautelarmente en agosto, argumentando que la instrucción de Puente superaba los límites de la Ley Orgánica 4/2023, que regula el censo de residentes en el extranjero. El Ejecutivo, sin embargo, insiste en que la medida busca corregir un ‘pucherazo’ histórico en el registro de votantes.
El Constitucional ya ha fallado a favor del Gobierno en casos similares, como la reforma del Senado o la ley de amnistía. Si ahora repite patrón, la ley entraría en vigor antes de las elecciones, beneficiando a miles de votantes de origen español en Latinoamérica.
El Ministerio de Justicia, tras conocer el auto del Supremo, anunció su intención de reactivar el mecanismo de la instrucción de Sofía Puente, señalando que su orden administrativa había ampliado los criterios previstos en la Ley Orgánica y, por tanto, debía ser revisada con urgencia. La Junta Electoral Central y la Fiscalía, al reconocer la decisión del Supremo, optaron por no interponer recursos, lo que se interpreta como un gesto para evitar procesos innecesarios y acelerar la llegada del caso a la Corte de Garantías.
