El comité de expertos considera que el sistema, criticado por el PP, cumple los estándares de independencia judicial exigidos por Bruselas
El Consejo de Europa ha validado este lunes el procedimiento español para designar al juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), un paso clave que permite avanzar en la elección entre los tres candidatos presentados por el Gobierno. Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, confirmaron que el Comité de expertos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa analizó el mecanismo y concluyó que se ajusta «por completo» a la normativa europea.
La decisión despeja las críticas del Partido Popular (PP), que en abril acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de incumplir los estándares de independencia judicial exigidos por la Unión Europea. El Ejecutivo, por su parte, tachó el aval de «un nuevo fracaso del PP en Europa» y subrayó que el procedimiento, aprobado en noviembre de 2020 mediante el Real Decreto 972/2020, incorpora garantías adicionales, como la participación de un representante de la carrera judicial designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los tres candidatos —Luis Jimena Quesada, Ana María Salinas de Frías y Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero— serán entrevistados por la Asamblea en los próximos meses. El ganador ocupará el puesto vacante en el TEDH, un órgano clave para resolver demandas contra España en materia de derechos fundamentales.
Un procedimiento más independiente, según el Gobierno
El mecanismo actual difiere del anterior en dos aspectos clave: la inclusión de un miembro del CGPJ en el comité de selección y la participación de un jurista de reconocida competencia, además de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y de Justicia. Estas figuras, según el Gobierno, garantizan mayor transparencia y alejan el proceso de posibles influencias políticas.
El PP había denunciado en abril que el procedimiento vulneraba los principios de independencia judicial, una acusación que el Ejecutivo desmintió con datos: el comité está compuesto por cinco miembros —incluyendo al subsecretario de la Presidencia—, y su composición refleja un equilibrio entre poderes del Estado y expertos externos. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, órgano consultivo, pero con peso en la reputación internacional de España, ha respaldado ahora este enfoque.
Los tres perfiles en liza
Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de València y presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, destaca por su trayectoria internacional. Además de ser juez ad hoc del TEDH desde 2019, ha ocupado cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
Ana María Salinas de Frías, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga, combina su labor académica con asesorías para organismos como la ONU, la Unión Europea y la OSCE. También ejerce como jueza ad hoc del TEDH desde 2019 y ha asesorado a gobiernos en legislación de derechos humanos.
Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como letrado en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su perfil técnico y su experiencia en derecho europeo lo posicionan como un candidato con sólida formación en el ámbito judicial.
El contexto: ¿Por qué importa este nombramiento?
El TEDH, con sede en Estrasburgo, es el órgano judicial del Consejo de Europa encargado de garantizar el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos. España, como Estado miembro, debe nombrar a un juez cada vez que se produce una vacante, un proceso que suele generar escrutinio político por su impacto en la imagen internacional del país.
El procedimiento actual, aprobado en 2020, buscaba responder a críticas previas sobre falta de transparencia en la selección de jueces. Sin embargo, el PP y otros sectores han señalado que la inclusión de figuras vinculadas al Gobierno —como el secretario de Estado de Justicia— podría sesgar el proceso. El aval del Consejo de Europa, aunque no vinculante, refuerza la legitimidad del mecanismo y reduce el margen para nuevas disputas.
La elección final recaerá en la Asamblea Parlamentaria, que deberá evaluar no solo el currículum de los candidatos, sino también su capacidad para representar los valores del TEDH: independencia, imparcialidad y respeto al Estado de derecho. El resultado podría influir en futuras sentencias contra España, especialmente en áreas como derechos sociales, libertad de expresión o lucha contra la corrupción.
Mientras, el Gobierno celebra el respaldo europeo como una victoria institucional. «Esperemos que este último fracaso [del PP] les lleve a una necesaria reflexión sobre el concepto de lealtad institucional», declaró una fuente del Ejecutivo, en alusión a las repetidas críticas del partido de Alberto Núñez Feijóo a la gestión española en foros internacionales.
