Moncloa descarta destituciones y defiende que el delegado actuó según los datos disponibles, mientras Sanz dimite tras un conflicto interno y ambos temen declarar en la Audiencia Nacional
Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, sigue en su puesto pese a las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre una llegada masiva de migrantes a finales de julio. El Ejecutivo insiste en que no recibió información suficiente para prever la magnitud real del fenómeno, que superó los 80.000 personas en solo unos días. Según fuentes oficiales, el mensaje del agente del CNI al jefe de Gabinete de Pérez Triano —El agente del CNI alertó de un llamamiento para asalto por valla y mar a las 20h— no fue considerado suficiente para activar protocolos excepcionales, ya que se enmarcaba en una serie de avisos genéricos que ya aparecían en medios de comunicación.
La versión oficial del Gobierno descarta cualquier responsabilidad en la gestión de la crisis. Argumenta que, de haber sospechado que participarían El agente del CNI habría alertado si hubiera sospechado que participarían decenas de miles de migrantes de migrantes, el agente del CNI habría alertado a sus superiores en el centro y en el Ministerio del Interior por las vías establecidas. Además, señalan que existía una relación de confianza entre el jefe de Gabinete —Gonzalo Sanz, quien dimitió este viernes— y el agente del CNI, lo que habría facilitado una comunicación fluida.
La dimisión de Sanz, según Moncloa, se produjo «por discrepancias, no por responsabilidades», tras un enfrentamiento con Pérez Triano el pasado jueves. Fuentes del Gobierno explican que Sanz llegó antes al cargo y no era un «hombre de confianza» del delegado, quien le pidió la dimisión. No obstante, el Ejecutivo no solicitó su destitución para evitar ceses en un momento de alta tensión política y judicial.
Ambos funcionarios —Pérez Triano y Sanz— están sometidos a una presión extrema en Ceuta, con pintadas en sus viviendas y el temor a declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional, que ha abierto un proceso judicial por los hechos. El Gobierno reconoce que ambos «están sometidos» a estas circunstancias, pero insiste en que no hay motivos para destituir a Pérez Triano.
La tesis del Ejecutivo se centra en que se actuó según los datos disponibles. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó en aquellos días de un incremento de llegadas que cifró en unos 500 migrantes. El Gobierno sostiene que reforzó las medidas de protección en base a esa información, aunque sin prever que las cifras superarían ampliamente los 80.000 migrantes.
El refuerzo de efectivos: cifras y plazos
Desde que el Tribunal Supremo notificó el 8 de julio la sentencia que impedía aplicar el mecanismo de rechazo en frontera a los migrantes que llegaban a nado, la Guardia Civil reforzó su despliegue con 70 efectivos: 60 dedicados a seguridad ciudadana en el vallado fronterizo con Marruecos y 10 al control marítimo. Además, se activaron siete embarcaciones para vigilancia, con casi 30 agentes a bordo, incluyendo un buque de altura, una patrullera de alta velocidad y cinco embarcaciones semirrígidas.
El 30 de julio, cuando comenzó la gran avalancha, la Policía Nacional activó un mecanismo de servicios extraordinarios para sus unidades de intervención policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Ceuta. Esto permitió ampliar la presencia policial en las calles con 225 efectivos procedentes de distintas ciudades españolas. Además, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó seis especialistas para apoyar las labores de documentación, mientras que la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de Ceuta se reforzó con tres pelotones (60 agentes).
En el ámbito marítimo, se sumaron dos grupos de buceadores (8 efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS) y el buque Duque de Ahumada, con 12 guardias civiles. También se incorporaron cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros, pilotos de drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Este fin de semana, se añadió un grupo adicional de drones para reforzar la vigilancia.
El contexto legal y las tensiones políticas
La sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio fue clave en la escalada de la crisis. Al anular el mecanismo de rechazo en frontera para los migrantes que llegaban a nado, se eliminó una herramienta fundamental para gestionar el flujo de personas. Este fallo judicial obligó a las autoridades a replantear su estrategia, en un momento en que ya se advertía de un posible incremento de llegadas.
El Gobierno de España ha sido criticado por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, especialmente por partidos como el PP y Vox, que exigen mayor dureza en las políticas de control fronterizo. Mientras, el PSOE y Sumar defienden que la respuesta ha sido adecuada dentro de los límites legales y humanos. La dimisión de Sanz y la presión sobre Pérez Triano reflejan las tensiones internas en el Gobierno, donde la gestión de la crisis se ha convertido en un tema clave en el debate político.
La Audiencia Nacional ha abierto un proceso judicial por los hechos ocurridos en Ceuta, lo que añade una capa de incertidumbre. Tanto Pérez Triano como Sanz podrían tener que declarar ante la jueza, lo que podría generar más polémica y afectar aún más su posición.
El Gobierno insiste en que no habrá ceses, pero la presión política y judicial sigue en aumento. La cuestión central ahora es si la gestión de la crisis migratoria en Ceuta tendrá consecuencias políticas a medio plazo, especialmente en un contexto de creciente polarización sobre el tema de la inmigración.
