La ley, impulsada por Sumar y respaldada por ERC y Junts pese a las críticas internas, abre la puerta a investigar crímenes marroquíes y llega tras la invasión de Ceuta
Tesh Sidi, diputada de Sumar y saharaui nacida en un campo de refugiados de Tinduf, recuperó este jueves en el Congreso una nacionalidad que España arrebató a su pueblo hace casi medio siglo. La Cámara Baja aprobó por mayoría la ley que concede el DNI español a unos 70.000 saharauis nacidos bajo administración española, equiparando su situación a la de otros colectivos como latinoamericanos o filipinos para acceder a la ciudadanía tras dos años de residencia legal. La votación, prevista desde julio, se produjo en un contexto de máxima tensión diplomática: apenas una semana antes, Marruecos invadió Ceuta y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había advertido del riesgo de una avalancha migratoria.
La norma, presentada como reparación de una «injusticia histórica», incluye a las nuevas generaciones de la diáspora saharaui y abre la puerta a investigar en España crímenes cometidos por Marruecos contra ellos. Sin embargo, su tramitación estuvo marcada por las presiones de Rabat y las críticas internas al Gobierno, especialmente desde sus socios de coalición.
Pedro Sánchez había suavizado su postura sobre el Sáhara Occidental al considerar la propuesta marroquí de autonomía como el «plan más viable» para resolver el conflicto, un giro que generó malestar entre los saharauis. La ley original mencionaba explícitamente al «pueblo saharaui», pero el texto final eliminó ese término, un cambio que Francesc Marc Alvaro, diputado de ERC, vinculó directamente a las presiones de Marruecos: «¿Qué les pide Marruecos para que hagan estas cosas?», preguntó durante el debate, acusando al PSOE de «traicionar los anhelos del pueblo saharaui».
Josep Pagés, de Junts, fue aún más directo: «¿Qué juego llevan entre manos ustedes y Marruecos? ¿Es Pegasus? ¿Por dónde los tiene agarrados?». Aunque ambos partidos votaron a favor de la ley, su apoyo llegó acompañado de reproches por la «incoherencia» del Gobierno. Ignacio de Hoces, portavoz de Vox, fue el único en votar en contra, criticando que la nacionalidad se concedía «por carta de naturaleza» en lugar de por residencia, mientras el PP se abstuvo por los mismos motivos.
El pleno se convirtió en un escenario de emociones encontradas. Tesh Sidi recordó el trato recibido por los saharauis en España: «Llevamos 50 años en colas de extranjería, con funcionarios que nos despiden con un ‘no existes’». Su testimonio contrastó con las palabras de Artemi Rallo, diputado socialista, quien defendió la ley como una «causa humanitaria» sin responder a las acusaciones de sus socios.
El momento más conmovedor llegó al final, cuando Francina Armengol, presidenta del Congreso y madre de acogida de dos niñas saharauis, le dirigió un beso desde la presidencia a Sidi. «Acoger es un acto político, no un mero acto de solidaridad», declaró la diputada, mientras en la tribuna un grupo de saharauis y miembros del Frente Polisario aplaudían. La votación, celebrada en Rabat y aplaudida en Tinduf, refleja cómo el Sáhara Occidental se ha convertido en el eje de una crisis diplomática que trasciende la ley.
El contexto histórico: de la administración española a la apatridia forzada
El Sáhara Español fue descolonizado en 1975 tras los Acuerdos de Madrid, firmados por España, Marruecos y Mauritania. Sin embargo, la población saharaui, que había vivido bajo administración española desde 1884, quedó dividida: parte quedó bajo control marroquí, mientras que otros se exiliaron a Argelia, donde se crearon los campos de refugiados de Tinduf. España retiró la nacionalidad a los saharauis en 1979, dejando a miles en una situación de apatridia. La ley aprobada este jueves busca revertir esa decisión, aunque su aplicación práctica dependerá de cómo se gestione la residencia legal en España.
El conflicto del Sáhara Occidental sigue sin resolverse. Marruecos ocupa el 80% del territorio, mientras que el Frente Polisario, respaldado por Argelia, reclama un referéndum de autodeterminación. La ONU considera el Sáhara un «territorio no autónomo», pero las potencias internacionales han evitado una solución clara. El giro de Pedro Sánchez hacia la autonomía marroquí, en lugar de insistir en el referéndum, ha sido interpretado por los saharauis como una capitulación ante Rabat.
Las implicaciones legales: ¿puede España investigar crímenes marroquíes?
La concesión de la nacionalidad española a los saharauis abre una vía legal para investigar crímenes cometidos contra ellos en el Sáhara Occidental. Según expertos en derecho internacional, los nuevos ciudadanos españoles podrían denunciar ante la Audiencia Nacional delitos como desapariciones forzadas o torturas perpetradas por Marruecos. Sin embargo, los efectos jurídicos dependerán de cada caso: no todos los crímenes podrán ser juzgados en España, y algunos podrían prescribir.
Marruecos ha reaccionado con dureza. El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí calificó la ley de «injerencia inaceptable» y advirtió de que «no pasará por alto» sus consecuencias. En el Congreso, Ignacio de Hoces (Vox) advirtió: «Entregar el vínculo más preciado que tiene un español es una irresponsabilidad». Pero para Tesh Sidi, la ley es un paso necesario: «No se trata solo de un DNI, sino de devolver la dignidad a un pueblo que ha sido olvidado».
El CNI ya había alertado en julio sobre la posible respuesta marroquí. La invasión de Ceuta una semana antes de la votación no fue casualidad: Rabat buscaba presionar a España en un momento clave. La ley, sin embargo, no menciona explícitamente a Marruecos, pero su aprobación coincide con el aumento de la tensión en el Estrecho.
El juego político: ¿por qué el PSOE cedió al final?
La tramitación de la ley estuvo marcada por las presiones internas. El PSOE intentó en un primer momento paralizarla, pero la presión de Sumar y de la sociedad civil —incluyendo a Francina Armengol, quien acogió a dos niñas saharauis— obligó a rectificar. Artemi Rallo justificó el apoyo del PSOE como una «reparación histórica», pero evitó responder a las acusaciones de sus socios.
ERC y Junts votaron a favor, pero con reservas. Francesc Marc Alvaro (ERC) denunció que el Gobierno había «traicionado» al pueblo saharaui al cambiar el término «pueblo saharaui» por «saharauis» en el texto final. Josep Pagés (Junts) fue más allá: «¿Es Pegasus? ¿Por dónde los tiene agarrados Marruecos?». Estas preguntas reflejan el escepticismo sobre la independencia real de España respecto a Rabat.
El PP y Vox, en cambio, se mantuvieron al margen. El PP se abstuvo porque considera que la nacionalidad debe concederse «por residencia», no por «carta de naturaleza». Vox votó en contra, pero reconoció la importancia histórica del Sáhara para España. La división en el Congreso refleja cómo el tema del Sáhara Occidental se ha convertido en un campo de batalla política, donde cada partido defiende sus intereses sin llegar a un consenso.
La ley entrará en vigor en los próximos meses, pero su aplicación dependerá de cómo gestione España la regularización de los saharauis en su territorio. Mientras, en Tinduf, el Frente Polisario celebra una victoria que, para muchos, llega demasiado tarde.
