Moncloa vetó enmiendas del Senado que equiparaban beneficios fiscales y reducían el IVA a servicios para personas con discapacidad, alegando impacto presupuestario
Carmen Fúnez (PP) y Pilar Calvo (Junts) acusan al Gobierno de Sánchez de ‘traicionar’ derechos sociales tras vetar enmiendas avaladas por el Senado en la ley de discapacidad y dependencia. El Ejecutivo, con apoyo de la Mesa del Congreso, invocó el artículo 134.6 de la Constitución para frenar medidas que, según Moncloa, supondrían un gasto adicional de 58 millones de euros y una pérdida de ingresos de 321 millones.
Entre las enmiendas rechazadas destacan la equiparación fiscal de personas dependientes con discapacidad superior al 33% —que el Gobierno calcula en un coste de 58 millones— y la reducción del IVA al 4% para reparaciones de vehículos adaptados y servicios de movilidad. El PP y Junts argumentan que estas propuestas, acordadas con asociaciones de afectados, no afectan al presupuesto actual porque su aplicación estaba prevista para ejercicios futuros.
La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, calificó la decisión de ‘recortar avances sociales’ y acusó al Gobierno de ‘perder la bandera social’. ‘Al Gobierno se le ha terminado de caer su última careta’, declaró, dirigiendo críticas también a Francina Armengol (presidenta del Congreso) y a Sumar, a los que tachó de ‘testaferros del sanchismo’.
Pilar Calvo, diputada de Junts, denunció que las enmiendas vetadas mejoraban la vida de familias con menores enfermos graves —como las que reciben la prestación CUME— y reducían el IVA para productos esenciales, como tablets para personas con ELA (actualmente gravadas al 21%). ‘Estos cambios estaban pactados con las plataformas de afectados y no afectaban al presupuesto’, insistió, subrayando que su aplicación estaba diferida.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, anunció que su grupo votará en contra de otras enmiendas del Senado no vetadas, como la que elimina la prioridad de la educación inclusiva en la Lomloe.
El mecanismo constitucional que permite vetar enmiendas presupuestarias
El artículo 134.6 de la Constitución otorga al Gobierno la potestad de ‘vetar’ proposiciones de ley o enmiendas que supongan un aumento de gasto o una disminución de ingresos en los Presupuestos. Este mecanismo, conocido como ‘veto presupuestario’, se activa cuando el Ejecutivo considera que una modificación legislativa altera el equilibrio financiero aprobado. En este caso, Moncloa argumentó que las enmiendas del PP y Junts —avaladas por el Senado— generaban un impacto fiscal inmediato: 58 millones por la equiparación tributaria y 321 millones por la reducción del IVA (calculada como la diferencia entre los 534 millones actuales y los 213 millones que se obtendrían con el tipo reducido).
El procedimiento exige que la Mesa del Congreso, con mayoría absoluta, acepte el veto. En esta ocasión, el PSOE y Sumar respaldaron la decisión, lo que permitió bloquear las enmiendas sin debate parlamentario. Este recurso constitucional se ha utilizado en ocasiones anteriores, como en 2022 para frenar una enmienda del PP que aumentaba la inversión en infraestructuras.
¿Qué se juegan PP y Junts con estas enmiendas?
Para el PP, la ley de discapacidad y dependencia es un ‘terreno de batalla’ clave en su estrategia de presentar al Gobierno como ‘descuidador’ de los colectivos vulnerables. Las enmiendas vetadas —especialmente la equiparación fiscal y la reducción del IVA— eran banderas históricas del partido, vinculadas a su discurso de ‘protección social’. La vicesecretaria Carmen Fúnez usó términos como ‘careta’ y ‘testaferros’ para atacar al PSOE y Sumar, buscando movilizar a su base electoral y presionar en el debate parlamentario.
Junts, por su parte, apuesta por estos temas para reforzar su imagen como ‘defensores de los afectados’ en Cataluña, donde las prestaciones por dependencia y discapacidad tienen un peso electoral significativo. La diputada Pilar Calvo destacó que las enmiendas vetadas beneficiaban a familias con menores enfermos graves —un colectivo con alta sensibilidad social— y criticó que el Gobierno ‘priorice las cuentas sobre los derechos’. Su intervención, centrada en casos concretos (como el de una persona con ELA que necesita una tablet al 21% de IVA), busca conectar con el electorado catalán y presionar al Govern para que actúe.
El PSOE, en cambio, mantiene una línea divisoria: apoya el veto del Gobierno en las enmiendas presupuestarias, pero rechaza otras modificaciones del Senado, como la que elimina la prioridad de la educación inclusiva en la Lomloe. Esta estrategia le permite mantener su alianza con Moncloa en temas económicos sin ceder en su discurso educativo, clave para su base electoral.
El impacto real: ¿quién pierde y quién gana?
Las enmiendas vetadas afectaban directamente a tres grupos:
- Personas con discapacidad superior al 33%: La equiparación fiscal con personas dependientes les habría permitido acceder a beneficios tributarios similares, como deducciones en la declaración de la renta. Según cálculos del PP, esto habría supuesto un ahorro medio de 200 euros anuales para unos 1,5 millones de afectados.
- Familias con menores enfermos graves: Las mejoras en la prestación CUME (Compensación por Cuidados en Menores con Enfermedades Graves) habrían ampliado el plazo de percepción y aumentado la cuantía para padres que dejan su empleo para cuidar al menor. Junts cifró en ‘cientos de familias’ las beneficiarias directas.
- Empresas y usuarios de servicios adaptados: La reducción del IVA al 4% para reparaciones de vehículos y sillas de ruedas, así como para adaptaciones de taxis, habría abaratado un 17% estos servicios (el IVA actual es del 10% para algunos y del 21% para otros). El sector de la movilidad adaptada, con unas 3.000 empresas en España, habría visto incrementar su demanda.
El Gobierno, en cambio, gana estabilidad presupuestaria a corto plazo, evitando un agujero de 379 millones (58 + 321). Sin embargo, el veto podría tener un coste político: el PP y Junts ya han anunciado que recurrirán a otros mecanismos para presionar, como enmiendas a la totalidad o preguntas en el Pleno. Además, asociaciones de discapacidad como Plena Inclusión o COCEME han criticado la decisión, acusando al Ejecutivo de ‘dejar a las personas con discapacidad en un limbo legal’.
En el plano institucional, la Mesa del Congreso ha reforzado su papel como ‘filtro’ de las enmiendas, lo que podría acelerar futuros vetos. Este mecanismo, poco usado hasta ahora, podría convertirse en una herramienta recurrente en la legislatura, especialmente si el Gobierno y la oposición mantienen tensiones por los Presupuestos.
