Moncloa bloquea enmiendas del Senado que equiparaban beneficios fiscales y reducían IVA a servicios para personas con discapacidad, con pérdidas presupuestarias de 58 y 321 millones
El Gobierno ha vetado este miércoles enmiendas del PP y Junts a la ley de discapacidad que, avaladas por el Senado, supondrían un gasto adicional de 90 millones de euros. Lo ha hecho invocando el artículo 134.6 de la Constitución, que permite frenar iniciativas que alteren las cuentas públicas. Entre las medidas bloqueadas está equiparar la situación tributaria de personas dependientes a quienes tienen discapacidad superior al 33%, lo que costaría 58 millones, y aplicar un IVA del 4% a reparaciones de vehículos y adaptaciones de taxis para personas con movilidad reducida, con un impacto de 321 millones.
El Ejecutivo argumenta que estas enmiendas «alterarían las cuentas vigentes», aunque Junts y el PP aseguran que su aplicación estaba «diferida» y no afectaría al presupuesto actual. La vicesecretaria del PP Carmen Fúnez acusó al Gobierno de «recortar avances sociales» y tachó a la Mesa del Congreso —dominada por PSOE y Sumar— de «testaferros del sanchismo» por impedir el debate. Por su parte, la diputada de Junts Pilar Calvo denunció que las medidas vetadas beneficiaban a colectivos como padres de menores con cáncer (prestación CUME) o enfermos de ELA, que pagan un 21% de IVA en tablets adaptadas.
El veto se produce en un contexto de tensiones por la tramitación de la ley, donde el PSOE ya ha anunciado que votará en contra de otras enmiendas del Senado no vetadas, como la que elimina la prioridad de la educación inclusiva en la Lomloe. La decisión del Gobierno refuerza el debate sobre su «bandera social», en plena campaña electoral y con el PP y Junts acusándolo de «prometer y no cumplir» en políticas sociales.
El artículo 134.6 de la Constitución permite al Ejecutivo frenar proposiciones de ley o enmiendas que supongan un aumento de gasto o una reducción de ingresos. En este caso, Moncloa justifica el veto con datos concretos: la equiparación tributaria costaría 58 millones, mientras que la reducción del IVA a servicios de movilidad supondría una pérdida de 321 millones (la diferencia entre los 534 millones actuales y los 213 que se recaudarían con el tipo reducido). Las enmiendas vetadas habían sido aprobadas en el Senado con apoyo transversal, incluyendo a partidos como ERC y PNV.
La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, aceptó los vetos sin debate. El portavoz socialista Patxi López confirmó que su grupo rechazará las enmiendas no bloqueadas, como la modificación de la Lomloe, en una muestra de «coherencia presupuestaria». Mientras, el PP y Junts insisten en que las medidas vetadas no afectaban al presupuesto actual, al estar «diferidas», y denuncian una «manipulación política» por parte del Gobierno.
