El ministro Ángel Víctor Torres defiende que 333.696 descendientes ya se inscribieron en el CERA y critica la suspensión cautelar del alto tribunal.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado este martes al Tribunal Supremo de «adulterar» el censo electoral al suspender de forma cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos. Torres ha defendido que la adulteración se produce, en realidad, cuando esas personas no pueden votar.
La cifra que maneja el ministro es concreta: 333.696 descendientes ya se han inscrito en el CERA al amparo de esa norma, y se han aprobado 571.000 expedientes. Torres se ha preguntado de forma retórica quién sabe qué postura va a adoptar el hijo de un exiliado que dejó el país, y a qué partido votará. La suspensión cautelar del Supremo se apoya en que esa inscripción genera «un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral», lo que a juicio del tribunal causaría «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del voto.
El precedente del voto exterior que cambió un escaño
El Supremo sostiene en su resolución que otorgar el derecho al sufragio a los nuevos nacionalizados puede alterar el «resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral». El ministro ha recordado que en las últimas elecciones generales el voto exterior cambió un escaño que benefició al PP. Ese antecedente concreto es el que da peso político al litigio: el CERA agrupa a los españoles que residen fuera y su recuento se realiza de forma separada, por lo que variaciones en su composición pueden alterar el reparto final de actas en circunscripciones ajustadas.
Torres ha situado el origen del conflicto en el cambio de posición del PP. Ha recordado que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se mostró a favor de dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados en 2006 y que un año después añadió que esa nacionalidad correspondía a todos los nietos, con independencia de si sus familias marcharon al exilio por persecución política o por motivos económicos. «En 2022 decía que habría que hacer una ley concreta. Ahora tenemos una metamorfosis», ha insistido el ministro.
La reacción de los ministros a la cautelar del Supremo
La suspensión del voto para los nacionalizados por la ley de nietos ha llevado a varios miembros del Gobierno a cuestionar la imparcialidad judicial. El lunes, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, calificó la decisión de «salvajada» y «atropello democrático». En su intervención, López sostuvo que «hay jueces que son salvapatrias» que actúan como «lobos solidarios». El líder de los socialistas madrileños advirtió durante una entrevista en TVE de que hay jueces que se esfuerzan porque la justicia sea justa, mientras otros «se empeñan en tumbar al Gobierno todos los días».
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) preguntando de forma retórica qué opina esa asociación de que políticos del PP se reúnan con miembros de la judicatura, entre ellos el ponente de la cautelar de la ley de nietos, Antonio Narváez. Puente ha planteado si las palabras que pronunció el magistrado en esos encuentros garantizan la apariencia de imparcialidad, ya que en ellas se habría referido a la necesidad de derogar leyes aprobadas por el sanchismo y sembró dudas sobre el recuento de votos de Indra. «Me gustaría que la asociación se pronunciara», ha insistido.
El choque entre el Gobierno y la asociación judicial
La AJFV ha manifestado su preocupación por el tono de las declaraciones a propósito de la medida cautelar del Supremo. La asociación considera que la independencia judicial es uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y reprocha que se descalifique públicamente a los jueces, porque eso convierte la crítica en «un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». El intercambio sitúa a la asociación en el centro del conflicto entre el Ejecutivo y el alto tribunal.
El origen del caso está en la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió la vía para que descendientes de exiliados obtuvieran la nacionalidad española. Esa norma amplió el acceso a la ciudadanía respecto a la ley de 2007, conocida como ley de la memoria histórica, que ya había extendido el derecho a los nietos de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio. La novedad de la disposición octava es que no exige acreditar persecución política o económica, lo que amplió de forma notable el número de potenciales beneficiarios y, con ello, el volumen de personas que podían solicitar su inscripción en el CERA.
El Consejo de Ministros ha aprobado además un plan aeroportuario para los próximos cinco años con 13.000 millones de euros de inversión y una convocatoria para investigadores científicos dotada con 1.200 millones. Ambos anuncios se han producido en la misma reunión en la que Torres ha respondido sobre la cautelar del Supremo.
Sigue la cobertura: El Supremo obliga a separar los electores del exilio de los de la ley de nietos
