La hermana del ministro reconoce que la solución administrativa «facilitó» la nacionalización sin ajustarse al texto parlamentario, lo que refuerza el bloqueo judicial
La secretaria de Estado de Seguridad Jurídica y Fe Pública durante el Gobierno de Pedro Sánchez, **Sofía Puente**, ha reconocido en televisión que la instrucción que firmó para agilizar la ley de nietos **eliminó requisitos legales sin cobertura parlamentaria**. En declaraciones a *Televisión Española*, admitió que la medida buscaba «facilitar la acreditación» de la condición de exiliado, algo que el Senado **excluyó expresamente** en la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.
El reconocimiento de Puente —hermana del ministro de Justicia, **Óscar Puente**— llega en un momento clave: la **Sala Tercera del Tribunal Supremo** ha congelado provisionalmente los efectos electorales de la nacionalización de descendientes de españoles exiliados, al considerar que la instrucción **superó los límites de la ley**. Según expertos consultados por *El Debate*, la maniobra se cocinó en **tres semanas**, entre Puente y el entonces ministro de Exteriores, **José Manuel Albares**, para resolver un problema práctico: la «dificultad» de probar el exilio.
La ley, aprobada en 2022, **prohibía usar motivos económicos** como argumento para obtener la nacionalidad. Sin embargo, la instrucción de Puente **prescindió de ese requisito**, lo que ha llevado a los magistrados a detectar un «peligro fundado» para las elecciones. La medida benefició especialmente a **españoles en el exterior**, un colectivo con baja participación electoral, según reconoció la propia Puente: *»Esta ley va fundamentalmente en el interés de pertenecer a una patria por razones sentimentales o nostálgicas»*.
El Supremo ya había advertido en julio de 2026 de que la instrucción **podría afectar a más de 100.000 personas**, muchas de ellas en países con sistemas electorales distintos a España. La suspensión cautelar, mientras se resuelve el fondo del caso, **paraliza los efectos políticos** de la nacionalización hasta nueva orden judicial.
El caso reviste especial relevancia porque **Vox e Iustitia Europa** llevan meses denunciando que la instrucción **amplió la voluntad del legislador**. Ahora, con la confesión de Puente, el debate legal se centra en si la medida fue una **solución administrativa legítima** o un **exceso de poder ejecutivo** que el Supremo ya ha tachado de irregular.
