Concepción Campos Acuña pide ayuda tecnológica al Ministerio y advierte: su supervivencia depende de la convalidación en el Congreso este jueves
El registro estatal de grupos de interés (*lobbies*) ha registrado **3.000 consultas** y **más de 300 inscripciones** en su primera semana de funcionamiento, según explicó este martes la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), **Concepción Campos Acuña**, ante la Comisión de Hacienda del Congreso. El sistema, creado por el CTBG en aplicación del decreto-ley aprobado por el Gobierno el **25 de agosto**, permite a empresas, asociaciones y otros actores inscribirse para ejercer influencia legalmente ante las administraciones públicas.
El CTBG, que carecía de medios técnicos propios, solicitó apoyo al **Ministerio de Transición Digital y Función Pública** para activar la plataforma. Con **14 horas diarias de trabajo**, el equipo logró poner en marcha el registro en tiempo récord, priorizando las inscripciones para evitar la suspensión de reuniones con administraciones. El buscador incorpora filtros por categorías, aunque aún no se han aplicado sanciones —competencia que el decreto-ley otorga al Consejo—, ya que su vigencia depende de la **convalidación en el Congreso este jueves**.
El decreto-ley, aprobado tras el bloqueo de una ley específica en el Parlamento, enfrenta resistencia: **Junts, PP y Vox** han anunciado votar en contra, lo que podría derogarlo. Campos Acuña subrayó que la falta de inscripción conlleva la suspensión automática de reuniones con la Administración, un mecanismo que busca transparencia en un ámbito históricamente opaco. El CTBG, creado en 2014, ya había intentado regular el *lobby* en 2022, pero el proyecto legislativo quedó paralizado por falta de consenso.
El registro llega en un contexto de creciente escrutinio sobre la influencia privada en la toma de decisiones. Según datos del **Observatorio de Transparencia**, en 2025 solo **12 de las 17 comunidades autónomas** contaban con registros de *lobbies* propios, mientras que a nivel estatal el vacío legal persistía hasta ahora. La convalidación del decreto-ley este jueves será clave: sin ella, el sistema quedaría sin base legal y los grupos inscritos perderían validez.
