El presidente del Consejo de Cuentas alerta de que los gastos en protección digital son «inversiones necesarias» y destaca avances tras sus recomendaciones
Mario Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, ha advertido este jueves que los ayuntamientos de la comunidad autónoma presentan «mucho margen de mejora» en materia de ciberseguridad. Según sus declaraciones, los gastos en protección digital deben considerarse «inversiones necesarias» para garantizar el funcionamiento de las administraciones públicas locales.
Amilivia ha destacado que, pese a las carencias detectadas, las recomendaciones de su organismo han logrado avances en seguridad informática en las administraciones locales. Entre los municipios mencionados como casos de estudio figuran Soria, Villaquilambre, Zamora, Astorga, La Bañeza y Segovia, aunque no se han especificado detalles concretos sobre las vulnerabilidades o mejoras en cada uno.
El Consejo de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas autonómicas y locales, actúa en este ámbito bajo el marco de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, que le atribuye competencias para supervisar la gestión financiera y administrativa de los ayuntamientos. Sus informes suelen incluir recomendaciones vinculantes para corregir deficiencias, aunque su cumplimiento depende de la voluntad de cada consistorio.
La advertencia de Amilivia llega en un contexto de creciente preocupación por los ciberataques a instituciones públicas. Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los ataques a administraciones locales se han incrementado un 40% en los últimos dos años, aunque no hay cifras oficiales específicas para Castilla y León. La falta de inversión en ciberseguridad en municipios pequeños o medianos —que suelen tener menos recursos técnicos— agrava el riesgo.
El Consejo de Cuentas ya había alertado en informes anteriores sobre la necesidad de modernizar los sistemas informáticos de los ayuntamientos. En 2024, por ejemplo, recomendó a la Junta de Castilla y León que impulsara un plan de formación en ciberseguridad para empleados públicos, una medida que aún no se ha implementado en todos los consistorios.
