El Gobierno busca acelerar el Consejo de Ministros, pero los vetos cruzados y las exigencias de socios como Junts y Sumar paralizan el acuerdo. Un millón y medio de hogares podrían verse afectados
El Gobierno de Pedro Sánchez intenta llevar al Consejo de Ministros el decreto de alquileres antes de que acabe el año, pero las negociaciones con los socios parlamentarios se han estancado por los vetos cruzados. Junts, principal obstáculo, exige cambios en puntos clave como la moratoria antidesahucios, mientras ERC acusa al PSOE de frenar el acuerdo al no aceptar sus exigencias, como gravar la especulación inmobiliaria.
El texto pactado entre el Ejecutivo y Sumar incluye una prórroga reforzada de dos años para contratos que venzan antes de julio de 2028, beneficiando a 1,5 millones de hogares (4 millones de personas). Sin embargo, Junts se opone a medidas como bonificaciones fiscales para propietarios que bajen precios o la regulación de alquileres turísticos, mientras Podemos rechazar cualquier «regalo fiscal» a grandes tenedores. El PNV, por su parte, exige agilizar trámites urbanísticos, un punto que el Gobierno ya tumbó en negociaciones previas.
La crisis en Ceuta ha retrasado otros proyectos del Ejecutivo, como los Presupuestos (ahora sin fecha clara) o transferencias a Euskadi. El decreto de vivienda, en cambio, busca recuperar iniciativa política en un contexto de alta inflación y presión social. Según fuentes del Ministerio de Vivienda, la presión sobre los socios se ha incrementado para evitar que el texto quede en el limbo, pero los «vetos cruzados» —típicos en coaliciones— siguen paralizando avances.
El decreto original, aprobado en 2023, permitió alargar seis meses los contratos. Ahora, con la prórroga reforzada, el Gobierno apuesta por medidas como subir el IVA al 21% para pisos turísticos o obligar a formalizar contratos por escrito. Sin embargo, la falta de consenso amenaza con dejar sin efecto estas medidas antes de que finalice el año.
El Gobierno ya había pactado con el PNV que solo se paralizaran los desahucios en determinadas zonas, pero Junts exige una moratoria más amplia que cubra a todos los arrendatarios afectados por la crisis. Esta propuesta, que incluye la extensión de la moratoria antidesahucios más allá de los plazos iniciales, se ha convertido en otro punto de fricción que el Ejecutivo debe negociar antes de presentar el texto al Consejo de Ministros.
