El PSOE intenta mediar entre sus socios mientras Junts propone beneficios fiscales para propietarios, alineándose con la derecha
El Gobierno enfrenta una nueva fractura interna en la política de vivienda. Sumar y Podemos exigen intervenir el mercado con medidas como el control de precios, mientras Junts se alinea con el PP al rechazar estas propuestas y defender beneficios fiscales para los propietarios. El PSOE, como socio mayoritario de la coalición, intenta conciliar posturas sin lograr avances concretos hasta ahora.
La discrepancia refleja dos modelos opuestos: uno que prioriza la regulación estatal para abaratar el acceso a la vivienda —apoyado por la izquierda— y otro que apuesta por incentivos fiscales a los arrendadores, defendido por la derecha y ahora por Junts. Este último partido, clave para la investidura de Pedro Sánchez, ha endurecido su postura en los últimos meses, alejándose de las demandas de sus socios de Gobierno.
El conflicto se enmarca en la tramitación de la nueva ley de vivienda, donde el Ejecutivo necesita consensos para aprobar medidas como la limitación de alquileres en zonas pensionadas. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los partidos de la coalición —que suman 172 escaños— complica su aprobación en el Congreso, donde la oposición (PP y Vox) suma 170. La negociación se estanca mientras crece la presión social: según el CIS, el 62% de los españoles considera la vivienda su principal preocupación.
El PP, por su parte, ha aprovechado la división para acusar al Gobierno de improvisación y presentar enmiendas que eliminan cualquier control sobre los precios. Junts, aunque no forma parte del Ejecutivo, condiciona su apoyo parlamentario a cambios en la ley, lo que otorga a sus propuestas un peso decisivo. Mientras, Podemos y Sumar insisten en que sin regulación «el mercado seguirá expulsando a las clases medias de las ciudades».
El PSOE, atrapado entre ambas posturas, ha evitado posicionarse públicamente, pero fuentes internas reconocen que buscan «una solución intermedia» antes de que la ley quede bloqueada. El plazo para presentar enmiendas finaliza el 15 de septiembre, lo que deja apenas un mes para alcanzar un acuerdo.
Fuente: infoLibre
