El paquete normativo naufraga de forma temporal ante las discrepancias de los socios sobre la regulación de alquileres y el IVA turístico
La falta de respaldos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha obligado al Ejecutivo a posponer hasta el mes de septiembre la tramitación del nuevo real decreto ley de vivienda. La decisión responde a la imposibilidad de amarrar los votos necesarios para su convalidación parlamentaria ante el rechazo explícito y las discrepancias de fondo manifestadas por los habituales socios del bloque de investidura.
El texto impulsado por el gabinete gubernamental pretende unificar en un único texto normativo medidas de alcance heterogéneo. La propuesta recoge el incremento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 21% para los pisos turísticos, el endurecimiento de las sanciones a las plataformas que anuncien oferta ilegal y la regulación marco de los contratos de alquiler de temporada y por habitaciones. Paralelamente, la norma contempla introducir bonificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para aquellos arrendadores que apliquen reducciones en el precio de los alquileres, así como modificaciones puntuales en la legislación urbanística para acelerar la gestión de suelo.
La falta de consenso responde a las visiones contrapuestas que conviven en el arco parlamentario sobre el diagnóstico del mercado residencial. Mientras los grupos situados a la izquierda del PSOE exigen profundizar en los controles directos de precios y las intervenciones sobre el mercado de arrendamiento, otras formaciones aliadas expresan reparos ante la inseguridad jurídica de los pequeños propietarios o rechazan frontalmente retocar la ley del suelo estatal. El diseño normativo ha terminado por distanciar a las distintas partes en negociación sin garantizar el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta.
El Banco de España ha reiterado en sus análisis de coyuntura que el problema del acceso a la vivienda en España presenta un carácter estructural ligado a la escasez de oferta disponible. Según la entidad emisora, los cuellos de botella del sector se focalizan en la lentitud de los desarrollos urbanísticos, la falta de suelo finalista, los plazos de tramitación de licencias municipales y los elevados costes de edificación, factores que han generado un desajuste prolongado frente al ritmo anual de creación de nuevos hogares.
En este sentido, la propuesta del Gobierno de retrasar la aprobación del decreto de vivienda hasta septiembre puede ser vista como una oportunidad para reevaluar las medidas que se han propuesto y buscar un consenso más amplio entre las diferentes partes involucradas. Sin embargo, también puede ser visto como un intento de postergar la toma de decisiones y evitar la confrontación con las comunidades autónomas y los grupos políticos que han expresado sus reparos.
El bloqueo en las Cortes y los fallos de la vía ejecutiva
El aplazamiento estival se suma a precedentes parlamentarios y reveses judiciales de alcance reciente sobre la misma materia. El Congreso de los Diputados derogó previamente una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento que pretendía extender de manera automática los alquileres existentes hasta dos años adicionales, una iniciativa decretada por el Ejecutivo que decayó en la sede legislativa a las pocas semanas por la falta de una mayoría sólida.
A este escenario de inestabilidad legislativa se le añade la vertiente judicial resuelta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, organismo que anuló el Registro Único de arrendamientos de corta duración diseñado por el Ministerio de Vivienda. La resolución judicial estimó que la creación de dicha base de datos estatal vulneraba y se extralimitaba en las competencias exclusivas que las comunidades autónomas ostentan en materia de ordenación turística y territorial.
La brecha entre la demanda residencial y los diagnósticos del mercado
El Banco de España ha reiterado en sus análisis de coyuntura que el problema del acceso a la vivienda en España presenta un carácter estructural ligado a la escasez de oferta disponible. Según la entidad emisora, los cuellos de botella del sector se focalizan en la lentitud de los desarrollos urbanísticos, la falta de suelo finalista, los plazos de tramitación de licencias municipales y los elevados costes de edificación, factores que han generado un desajuste prolongado frente al ritmo anual de creación de nuevos hogares.
En el debate político reciente se ha utilizado de forma recurrente el volumen de unas 900.000 inmuebles vinculados al uso turístico o la inversión como un caladero de oferta movilizable por vía de decreto ley. Sin embargo, este conjunto heterogéneo abarca segundas residencias de propietarios nacionales, viviendas de ciudadanos extranjeros no residentes, propiedades localizadas en franjas costeras o insulares y usos estacionales que no responden a una demanda de primera residencia en los grandes núcleos urbanos.
La eventual retirada de pisos del canal turístico tampoco garantiza un trasvase directo hacia el mercado de arrendamiento habitual de larga duración. La disposición de los inmuebles por parte de los propietarios está supeditada a factores de rentabilidad neta, carga fiscal, riesgo de impagados y expectativas sobre la seguridad jurídica del marco regulatorio vigente.
