La jueza María Tardón investiga posibles delitos contra la paz y homicidios tras la entrada masiva de 70.000-80.000 personas; el delegado del Gobierno dimite y niega recibir alertas clave
Pedro Sánchez ha desclasificado 40 documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros cuerpos de seguridad que alertaban sobre la crisis de Ceuta, un movimiento que ya ha provocado la primera dimisión en el Gobierno: la del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. La decisión, aprobada en Consejo de Ministros, ha abierto una investigación judicial por presuntos delitos contra la paz y la integridad territorial, además de homicidios tras la muerte de 83 personas durante el cruce masivo del 30 y 31 de julio.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado formalmente los documentos al Ministerio de Presidencia y ya ha admitido a trámite varias querellas. La Fiscalía apoyó el inicio de la investigación, aunque centrada en la posible participación de organizaciones criminales —algo que la Policía y la instructora descartaron inicialmente—. Los papeles desclasificados revelan que el CNI advirtió el 29 de julio de un asalto organizado a través de redes sociales, con llamamientos masivos en dos canales de Facebook (hasta 180.000 seguidores) y un grupo de WhatsApp. Testimonios recabados por medios, incluido La Vanguardia, confirman que los migrantes fueron engañados con información falsa sobre la apertura de la frontera.
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, niega haber recibido las alertas clave, aunque los documentos muestran que su equipo sí las elevó. Además, la Guardia Civil pidió el 8 de julio reforzar la frontera con una valla flotante, pero Interior no la instaló hasta el 1 de agosto, cuando ya habían cruzado más de 70.000 personas. La investigación ahora explorará tres vías: la posible implicación de Marruecos, el incumplimiento de alertas policiales y la participación de grupos criminales.
La desclasificación también ha tensado las relaciones dentro de los servicios secretos, donde el malestar por la exposición de sus comunicaciones es gran. Mientras, la jueza Tardón sigue sin decidir si profundiza en la posible autoría marroquí, aunque los indicios apuntan a que las fuerzas de seguridad del país estaban liadas durante la Fiesta del Trono, facilitando el cruce.
