El Gobierno central pide a las comunidades autónomas activar traslados ante el desborde y tramita expedientes de retorno a Marruecos.
La red de acogida de Ceuta asiste a 2.100 menores migrantes filiados, de los cuales 700 son niñas, según los datos facilitados este sábado en Córdoba por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La titular del departamento gubernamental ha reclamado «responsabilidad política» a las distintas comunidades autónomas para autorizar el traslado de estos jóvenes hacia la Península, argumentando que las dimensiones de la ciudad autónoma impiden gestionar en solitario un volumen de llegadas de estas proporciones.
El reparto territorial de los menores extranjeros no acompañados se enfrenta a una estructura competencial donde la tutela jurídica recae de forma exclusiva en los gobiernos autonómicos, tal como establece la legislación civil y de protección de la infancia en España. Ante esta situación, el Ejecutivo central ha desplegado un equipo multidisciplinar de apoyo técnico en la plaza ceutí con el cometido de acelerar las entrevistas y filiaciones pendientes, procesos que exigen un tratamiento estrictamente individualizado para cumplir con el marco jurídico vigente.
Los servicios administrativos tramitan asimismo solicitudes de menores que han expresado el deseo de regresar con sus familias a Marruecos, unos expedientes de reagrupación familiar que requieren comprobaciones oficiales sobre el entorno de origen. Estas peticiones se remitirán con carácter urgente a las autoridades marroquíes en los próximos días, aunque Rego ha remarcado que numerosos expedientes cursados desde el 30 de julio continúan sin respuesta oficial al otro lado de la frontera.
Las trabas burocráticas bilaterales complican la resolución de casos especialmente vulnerables, entre los que la ministra ha destacado la situación de menores en desamparo absoluto y de niñas que escapan de episodios de violencia sexual o intentos de matrimonios forzosos en sus países de procedencia. El departamento ministerial insiste en actuar bajo criterios garantistas mientras busca descongestionar los recursos residenciales de la ciudad norteafricana.
