El partido de Abascal reclama apoyo de otros grupos para activar el artículo 102 de la Constitución, que requiere 88 diputados y mayoría absoluta en el Congreso
Vox ha solicitado este sábado la investigación de Pedro Sánchez y su Gobierno por presuntos delitos de traición y contra la seguridad del Estado tras la entrada irregular de 72.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio. Es la primera vez que el partido de Santiago Abascal eleva una acusación de este nivel contra el Ejecutivo, superando las denuncias previas por homicidio imprudente u omisión del deber de socorro en crisis como la dana o los incendios forestales.
La iniciativa, anunciada por Abascal en redes sociales con el argumento de que existen «indicios y evidencias más que suficientes», requiere el apoyo de al menos 88 diputados —un cuarto de la Cámara Baja— para activar el artículo 102 de la Constitución. Vox, con 32 escaños, ha lanzado un llamamiento al resto de formaciones para sumar firmas, aunque el procedimiento también exige la aprobación por mayoría absoluta del Congreso, un umbral que depende de partidos como el PP, que hasta ahora no ha respaldado este tipo de investigaciones.
El marco legal establece que, de lograrse los 88 apoyos, el Pleno del Congreso celebraría una sesión secreta para debatir la propuesta, con intervención del presidente o los ministros afectados. La votación final sería también secreta y, en caso de aprobación, el Tribunal Supremo asumiría la investigación penal. Si la iniciativa es rechazada, no podrían iniciarse actuaciones contra el Gobierno por estos delitos, según el reglamento parlamentario.
Vox vincula su denuncia a lo que define como un episodio de guerra híbrida contra España, en el que Marruecos habría utilizado la migración irregular como instrumento de presión sobre la soberanía nacional. Además de la investigación penal, el partido ha exigido la desclasificación de todas las comunicaciones entre el Gobierno español y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los hechos.
La acusación de traición, regulada en el Código Penal español, incluye actos como colaborar con potencias extranjeras para perjudicar la independencia o integridad territorial del Estado. El precedente más cercano en España data de 1981, cuando el Congreso rechazó investigar al entonces presidente Adolfo Suárez por su gestión del golpe de Estado del 23-F, aunque en ese caso no se invocó el artículo 102.
Fuente: El Mundo
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