La formación de Abascal necesitaría el apoyo de al menos 88 diputados para iniciar el trámite y 176 votos para aprobarlo
El artículo 102 de la Constitución Española es un mecanismo jurídico que rara vez aparece en la vida institucional del país, pero su diseño responde a una lógica de protección institucional: evitar que el jefe del Ejecutivo pueda ser objeto de denuncias penales ordinarias y garantizar que solo en casos de extrema gravedad —y con un amplio consenso parlamentario— pueda abrirse una causa judicial.
En la práctica, el artículo 102 funciona como una cláusula de seguridad constitucional, pensada para situaciones límite y no para disputas políticas ordinarias. Si el Congreso aprobara la acusación, el Tribunal Supremo asumiría la instrucción y el enjuiciamiento, y el presidente del Gobierno quedaría sometido a un procedimiento penal específico, sin posibilidad de ser investigado por tribunales inferiores.
Para activar el procedimiento, es necesario que una cuarta parte de los diputados del Congreso presente una acusación formal y que la Cámara la apruebe por mayoría absoluta. Esto significa que la propuesta de Vox, que busca investigar a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, requeriría el apoyo de al menos 88 diputados para iniciar el trámite y 176 votos para aprobarlo.
La Constitución no contempla la suspensión automática del cargo, pero la apertura de una causa por traición o delitos contra la seguridad del Estado tendría un impacto institucional sin precedentes. El artículo 102 es, en esencia, una bala constitucional: existe, está cargada y su uso está regulado, pero su activación exige una mayoría política que, hasta hoy, nunca se ha alcanzado.
