La formación registra tres iniciativas parlamentarias para auditar gastos sanitarios, de seguridad y daños a infraestructuras tras la crisis migratoria
Vox ha registrado este jueves en el Congreso dos proposiciones no de ley y una pregunta parlamentaria para reclamar que Marruecos asuma los costes derivados de la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta el pasado 30 de julio. La formación liderada por Santiago Abascal exige una auditoría detallada de los gastos extraordinarios en seguridad, sanidad y daños a infraestructuras públicas, así como su reembolso por parte del país africano.
Entre los conceptos que Vox quiere cuantificar figuran el despliegue de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, los dispositivos de vigilancia fronteriza, la asistencia sanitaria y farmacéutica, el alojamiento y manutención de los inmigrantes, y los daños a bienes públicos. La formación también reclama «contramedidas» urgentes para reforzar la soberanía española y solicita información sobre posibles delitos contra la libertad sexual o allanamientos de morada cometidos por quienes cruzaron la frontera.
La iniciativa incluye la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique el impacto en el Sistema Nacional de Salud. Vox argumenta que España no debe asumir las consecuencias económicas de una crisis «originada por la presión marroquí», según su portavoz parlamentario. Las proposiciones no de ley, aunque no vinculantes, obligan al Gobierno a posicionarse públicamente sobre la reclamación.
El precedente más cercano data de 2021, cuando Ceuta registró otra entrada masiva de inmigrantes —en ese caso, unas 10.000 personas—. Entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez activó el despliegue militar y solicitó ayuda a la UE, pero no exigió compensaciones económicas a Marruecos. La diferencia ahora radica en la escala: los 70.000 inmigrantes de julio multiplican por siete la cifra de 2021, lo que agrava el impacto en los servicios públicos de la ciudad autónoma.
La reclamación de Vox llega en un contexto de tensión diplomática con Marruecos, tras la decisión del Gobierno español en 2022 de apoyar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Mientras el PSOE y Sumar han evitado vincular la crisis migratoria con la política exterior, el PP ha respaldado parcialmente la postura de Vox, aunque sin sumarse a la exigencia de auditorías. La comparecencia de García podría convertirse en un nuevo foco de confrontación entre el Ejecutivo y la oposición.
