Las víctimas, captadas en Colombia y Venezuela, eran obligadas a trabajar 24 horas al día en condiciones insalubres y con deudas de 7.000 euros
La Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a 15 mujeres colombianas y venezolanas en una operación conjunta que ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Sevilla y su provincia. El Ministerio del Interior informó que las redes, que actuaban de forma independiente, pero con colaboración puntual, captaban a las víctimas en sus países de origen aprovechando su situación económica precaria.
Las mujeres eran trasladadas a España y sometidas a un control férreo, alojadas en viviendas que funcionaban como prostíbulos encubiertos. Allí vivían hacinadas en condiciones insalubres, sin intimidad y obligadas a atender servicios sexuales las 24 horas del día. Como mecanismo de coacción, las organizaciones les imponían una deuda de 7.000 euros, que utilizaban para impedir su huida. Durante el operativo, los agentes registraron cuatro inmuebles en Utrera, Gelves, San Juan de Aznalfarache y Sevilla capital, donde detuvieron a 15 personas acusadas de delitos como trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
La investigación permitió bloquear 15 cuentas bancarias con un patrimonio superior a 30.000 euros y tres inmuebles vinculados a la actividad delictiva. Este tipo de redes suelen operar en zonas con alta demanda de servicios sexuales, como áreas metropolitanas o municipios con actividad turística, donde la explotación puede pasar más desapercibida. En Andalucía, Sevilla es una de las provincias con mayor incidencia de trata, según informes previos del Ministerio del Interior, que en 2023 registró 120 víctimas en la comunidad autónoma.
El marco legal español tipifica la trata de seres humanos como un delito grave, con penas de hasta 15 años de prisión para los responsables. Sin embargo, las organizaciones suelen adaptar sus métodos para eludir la acción judicial, como el uso de deudas ficticias o la rotación constante de víctimas entre diferentes ciudades. En este caso, las víctimas liberadas han sido derivadas a recursos de protección social, donde recibirán asistencia psicológica y legal para regularizar su situación en España.
La operación refleja un patrón recurrente en la trata con fines sexuales: la captación en países con altos índices de pobreza y la explotación en zonas con demanda establecida. Según datos de la Fiscalía General del Estado, el 80% de las víctimas de trata en España proceden de Latinoamérica, siendo Colombia y Venezuela los países de origen más frecuentes. La colaboración entre cuerpos policiales, como en este caso, es clave para desmantelar redes que operan en múltiples provincias.
Fuente: The Objective
