El presidente ceutí del PP rompe la tregua institucional tras las críticas de la ministra de Sanidad por las condiciones insalubres en la playa del Trampolín
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha roto este lunes el equilibrio institucional que mantenía con el Gobierno central al acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), de intentar «maquillar la realidad» y de «dar lecciones de humanidad» tras su visita a la ciudad autónoma. La crisis migratoria, con entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular según el Ejecutivo ceutí —frente a los 5.000 reconocidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska—, ha derivado en un enfrentamiento público por la gestión de las condiciones insalubres en la playa del Trampolín, donde miles de migrantes malviven desde hace dos semanas.
Vivas tachó de «absolutamente incorrecto» el comportamiento de García, quien el domingo afirmó que «los migrantes no traen enfermedades» y atribuyó posibles contagios a la falta de infraestructuras seguras. El presidente ceutí, que amenaza con denunciar la situación ante el Poder Judicial, reprochó a la ministra que «eludiera la responsabilidad» del Gobierno autonómico. García, por su parte, exigió a Vivas que habilitara espacios salubres «como en 2021», cuando se albergó a los migrantes en instalaciones controladas. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz (PSOE), intentó mediar sin éxito, destacando la «colaboración entre administraciones» como prioridad.
El conflicto se agrava tras el anuncio de Moncloa de 1.500 nuevas plazas de acogida —en instalaciones estatales como la hípica o el cuartel de Caballería—, una medida que el PP ceutí tacha de «photocall» por la sucesión de visitas ministeriales (ocho en 18 días, incluida la de Pedro Sánchez). La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la única que afrontó las protestas ciudadanas, mientras el resto de autoridades fueron recibidas con abucheos. Vivas denunció que el Gobierno central declaró «normalidad» en Ceuta 48 horas después de la avalancha, cuando aún permanecían en la ciudad miles de personas, cifra que Moncloa redujo inicialmente a 2.500.
La tensión refleja un patrón recurrente en crisis migratorias: la discrepancia entre las cifras oficiales (5.000 migrantes según Marlaska) y las estimaciones autonómicas (hasta 11.000). El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció inicialmente la devolución «hasta la última persona» a Marruecos, pero Interior matizó después que los solicitantes de asilo quedarían excluidos. Este giro, junto a la habilitación de plazas, confirma que el Gobierno asume la permanencia de parte de los migrantes a medio plazo, un reconocimiento implícito de la imposibilidad de ejecutar devoluciones masivas en el corto plazo.
El precedente de 2021, cuando Ceuta acogió a 10.000 migrantes en menos de 48 horas, marca el contraste: entonces, el Gobierno central y el autonómico coordinaron la creación de albergues temporales en menos de una semana. La falta de agilidad actual, sumada a la saturación de los centros de menores (1.898 no acompañados), ha exacerbado las críticas. Mientras, la playa del Trampolín —donde se han instalado chabolas— se ha convertido en símbolo de la crisis, con imágenes que han trascendido a medios internacionales y aumentado la presión sobre el Ejecutivo.
