El Consejo desestima el acceso al no constar la desclasificación y reprocha a Defensa no responder a su requerimiento del 30 de abril
Pedro Sánchez sigue sin poder acceder públicamente a los documentos oficiales que podrían revelar detalles sobre el espionaje sufrido con la herramienta Pegasus, según la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, publicada el 27 de agosto de 2026. El Consejo reprochó al Ministerio de Defensa no haber respondido ni a la solicitud ni a su posterior requerimiento de explicaciones.
La solicitud, presentada el 26 de febrero de 2026, pedía acceso a los documentos relacionados con el espionaje mediante Pegasus, así como cualquier información vinculada al cambio de postura del Gobierno respecto a Marruecos. Sin embargo, el Consejo aclaró que no existe constancia de que el expediente de Pegasus esté desclasificado, un detalle clave que anuló la base de la reclamación.
Defensa no respondió a la solicitud inicial ni a las posteriores peticiones del Consejo para aclarar su postura. El Consejo señala que, sin las alegaciones de Defensa, no pudo evaluar los argumentos del Ministerio para negar el acceso.
El precedente de Marruecos y el CNI como obstáculos
El Consejo de Transparencia basó su decisión en dos precedentes clave. El primero, relacionado con las relaciones exteriores de España, recuerda una resolución de enero de 2024 que denegó el acceso a documentos que pudieran vincular el espionaje con el cambio de postura del Gobierno hacia Marruecos. El organismo sostiene que divulgar información sobre política exterior podría perjudicar las relaciones internacionales del país.
El segundo obstáculo es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Consejo recordó que las actividades del CNI, incluyendo sus procedimientos y fuentes, están clasificadas por ley. Por ello, el Consejo carece de facultades para ordenar el acceso a información que pueda afectar a sus operaciones.
¿Por qué el Gobierno no desclasificó los documentos?
Aunque el Gobierno ha facilitado públicamente algunos detalles sobre el espionaje con Pegasus, como la confirmación de que Sánchez fue víctima de este software espía, no ha desclasificado el expediente completo. La resolución del Consejo de Transparencia subraya que, incluso si el Gobierno hubiera decidido desclasificar información sobre otros asuntos —como los documentos del 23-F—, esto no implica que el expediente de Pegasus haya adquirido automáticamente la misma condición.
La reclamante, que solicitó inicialmente el acceso al expediente, argumentó que, al igual que ocurrió con los documentos del 23-F, el Gobierno debería haber desclasificado también la información sobre el espionaje a Sánchez. El Consejo determinó que la desclasificación de un asunto no implica que otra documentación adquiera automáticamente la misma condición.
El silencio de Defensa y sus consecuencias
El Ministerio de Defensa no solo ignoró la solicitud inicial, sino que también omitió responder al requerimiento formal del Consejo de Transparencia.
El Consejo advirtió que, sin las alegaciones de Defensa, no podía evaluar adecuadamente los motivos para denegar el acceso a la información. El Consejo indica que la falta de alegaciones dificulta el cumplimiento de sus funciones.
Aunque el resultado final fue la denegación de la solicitud —alineada con los precedentes legales—, el reproche al Ministerio de Defensa por su silencio fue contundente. El Consejo recuerda que la Administración tiene la obligación de responder a sus requerimientos.
El expediente de Pegasus sobre Sánchez permanece clasificado
Sin embargo, el caso deja varias preguntas abiertas: ¿Por qué el Gobierno no ha desclasificado el expediente completo? ¿Qué información podría revelar este documento que afecte a la seguridad nacional o a las relaciones exteriores? Y, sobre todo, ¿por qué Defensa ha mantenido un silencio absoluto durante todo el proceso?
Mientras tanto, la reclamante podría explorar otras vías legales para intentar acceder a la información, aunque los precedentes del Consejo de Transparencia no son alentadores. El caso también plantea un debate más amplio sobre la transparencia en asuntos de inteligencia y seguridad, especialmente en un contexto donde la privacidad y el espionaje digital son temas cada vez más sensibles.
El Gobierno, por su parte, sigue sin aclarar públicamente su postura sobre la desclasificación de estos documentos, dejando en manos de la justicia o de futuras solicitudes la posibilidad de que algún día la verdad sobre el espionaje a Sánchez salga a la luz.
