El ministro de Política Territorial anuncia medidas urgentes en Consejo de Ministros tras el caso de la mujer de 87 años expulsada en Madrid
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha atribuido directamente al PP, Vox y Junts la responsabilidad del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada este miércoles de su vivienda en el barrio madrileño del Retiro. El Gobierno había presentado un real decreto ley antes del verano para evitar situaciones como esta, pero fue tumbado en el Congreso por los votos en contra de estos tres partidos.
Torres calificó el desahucio de «lamentable» y aseguró que el Ejecutivo tomará decisiones en el próximo Consejo de Ministros para frenar estos casos, que según él ocurren «en todos los lugares de España». Criticó que, en una competencia autonómica, partidos políticos prioricen «una derrota del Gobierno» sobre «defender los intereses de la gente». La iniciativa de Sumar para evitar que fondos buitres compren viviendas quedó bloqueada por la oposición de la derecha, pese a que el PSOE se abstuvo.
El caso de Maricarmen se produce en un contexto de alza de desahucios en España, con más de 15.000 ejecuciones hipotecarias en 2025 (según datos del Colegio de Registradores). El decreto que el Gobierno intentó aprobar habría protegido a arrendatarios vulnerables, pero su derogación en el Congreso dejó sin efecto esa medida. Torres insistió en que la decisión de estos partidos «es triste y lamentable» y que el Gobierno actuará para evitar más casos similares.
El PP ya ha reaccionado a través de su portavoz parlamentario, Cayetana Álvarez de Toledo, quien acusó al Gobierno de «falta de soluciones reales» y defendió que las competencias en vivienda son autonómicas. Vox, por su parte, ha tachado la medida de «intervencionismo» y ha recordado su propuesta de «bonificaciones fiscales» para propietarios. Junts, aunque no ha emitido un comunicado oficial, ha criticado en redes la «politización» del tema.
El caso de Maricarmen se suma a otros desahucios recientes en ciudades como Barcelona y Valencia, donde colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncian un aumento de ejecuciones desde 2024. El Gobierno, por su parte, insiste en que el decreto derogado habría sido clave para evitar estos casos, pero su fracaso en el Congreso deja a miles de familias en riesgo.
