Sumar exige medidas urgentes en vivienda tras el desahucio de ‘Maricarmen’ en Madrid, mientras PSOE y Junts frenan su aprobación en el Congreso
Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros del próximo martes un paquete de ayudas económicas por valor de 7.000 millones de euros para paliar el impacto de la inflación y la crisis energética, pero sin incluir la moratoria de desahucios que exigen los socios de gobierno y la oposición. Las medidas, que buscan evitar el colapso de familias vulnerables, se aprueban mientras el precio de los carburantes se ha disparado un 21,3% y la inflación alcanza el 4,3% en agosto.
El decreto, que se publicará en el BOE el miércoles, mantiene hasta final de año el bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros básicos, pero excluye la paralización de desahucios para inquilinos vulnerables, un punto clave de conflicto con Sumar y partidos como ERC. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido criticada por su gestión en casos como el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en Madrid, que perdió su vivienda este miércoles pese a su situación de vulnerabilidad.
El Gobierno ya movilizó 2.700 millones adicionales en marzo para reducir el impuesto a la producción eléctrica hasta su eliminación en 2027 y 2028, pero las patronales presionan para una prórroga completa del actual ‘escudo social’, que caduca el próximo miércoles. Las ayudas al gasóleo para profesionales y al sector agrícola también expirarán, dejando a miles de hogares sin protección.
El conflicto interno es evidente: Sumar exige aprobar un decreto específico de vivienda este mismo martes, mientras el PSOE prefiere separar su tramitación para garantizar apoyos parlamentarios. El ministro de Derechos Sociales de Sumar, Pablo Bustinduy, acusó al Gobierno de dilatar la respuesta: *»Cada cual que asuma la responsabilidad de sus posiciones»*, advirtió tras el desahucio de Maricarmen. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, urgió la aprobación de una moratoria de desahucios para evitar «tragedias sociales».
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, criticó la «suavidad» de Rodríguez con los fondos de inversión, culpando al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid —y no al Gobierno— por el desahucio. Desde el Ministerio de Vivienda se señalan a la oposición por bloquear iniciativas previas para limitar la capacidad de los fondos buitre.
El pacto fallido sobre alquileres y la presión de los socios
Antes del verano, PSOE y Sumar acordaron una «prórroga reforzada» de alquileres, permitiendo alargar dos años más los contratos que venzan antes de julio de 2028. La medida beneficiaría a 1,5 millones de hogares (4 millones de personas), pero Junts y el PP tumbó el texto junto al PNV en una votación previa. Ahora, los socios de izquierda exigen recuperar la prohibición de desahucios para vulnerables, aunque el Gobierno ya pactó con el PNV limitarla a casos con propietarios de una o dos viviendas —una condición que Junts rechazó.
El decreto también incluye propuestas como subir el IVA al 21% para pisos turísticos, regular alquileres de temporada y bonificar en el IRPF a quienes reduzcan precios. Sin embargo, la falta de consenso en el Congreso —donde PP, Vox y Junts han bloqueado iniciativas similares— amenaza con dejar sin efecto medidas clave. Sánchez evitó comprometerse con fechas, pero advirtió: *»Este Gobierno responde a las tragedias sociales, pero necesitamos el compromiso del Parlamento»*.
El contexto: inflación, energía y vivienda en la agenda política
La crisis energética, agravada por el conflicto en Oriente Medio, ha disparado los costes de vida. Los carburantes subieron un 21,3% en agosto, mientras la inflación alcanzó el 4,3%, el nivel más alto desde 2023. Las ayudas aprobadas en marzo (2.700 millones) ya se agotaron, y las patronales exigen una prórroga del ‘escudo social’ para evitar un impacto mayor en pymes y agricultores.
En vivienda, el Gobierno enfrenta dos frentes: por un lado, la presión de Sumar y partidos como Podemos para aprobar medidas urgentes; por otro, la resistencia del PSOE a forzar votaciones sin garantías de apoyo. La moratoria de desahucios, clave para evitar casos como el de Maricarmen, depende ahora de un acuerdo parlamentario que, de momento, no se vislumbra.
El PP y Vox han criticado las ayudas como «insuficientes» y «populistas», mientras ERC y Junts exigen mayor protección para inquilinos. La tensión entre socios de gobierno —Sumar acusa al PSOE de «priorizar la estabilidad» sobre la justicia social— refleja las divisiones en una coalición ya fracturada.
¿Qué pasa ahora?
El decreto de ayudas se aprobará el martes, pero su eficacia dependerá de la convalidación en el Congreso. Si el PSOE no logra apoyos para la moratoria de desahucios, Sumar podría retirar su respaldo al Gobierno, agravando la crisis interna. Mientras, el PP y Vox presionan para recortar las medidas, y ERC amenaza con votar en contra si no se incluye una regulación más estricta contra los fondos buitre.
La próxima semana será clave: si el Gobierno no actúa, casos como el de Maricarmen podrían repetirse. La pregunta es si Sánchez priorizará la unidad de gobierno o la respuesta social —y si el Parlamento estará a la altura.
