La ministra Mónica García (Más Madrid) modifica el Real Decreto para facilitar el acceso al fármaco abortivo, excluyendo solo a los objetores de conciencia
Mónica García, ministra de Sanidad, ha anunciado este jueves la modificación del Real Decreto que regula la autorización de centros sanitarios para administrar la mifepristona, el fármaco utilizado para interrupción del embarazo. La medida permitirá que médicos de Atención Primaria puedan prescribirlo, ampliando así su acceso más allá de los hospitales —hasta ahora, solo disponibles en centros concertados con el Servicio Andaluz de Salud (SAS)—. La decisión excluye expresamente a los profesionales con objeción de conciencia.
Esta reforma responde a un debate recurrente en España sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), donde la mifepristona —aprobada en 2015— ha estado sujeta a restricciones geográficas y de prescripción. Hasta la fecha, su administración dependía de hospitales públicos o privados concertados, limitando su disponibilidad en zonas rurales o con menos recursos. La nueva normativa, según fuentes del Ministerio, busca descentralizar la prescripción para agilizar el proceso y reducir listas de espera, especialmente en comunidades como Andalucía, donde el SAS gestiona la mayoría de los abortos.
La medida llega en un contexto de creciente polarización política. Vox ha criticado la decisión desde su posición en la oposición, argumentando que vulnera la libertad de los médicos objetores y que la prescripción en Atención Primaria podría normalizar el aborto como método anticonceptivo. Sin embargo, no hay indicios de que el Gobierno vaya a retroceder: la ministra García ya había avanzado en julio su intención de flexibilizar el acceso a la mifepristona, en línea con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera su uso seguro en entornos no hospitalarios.
La reforma entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un trámite que podría completarse en las próximas semanas. Mientras, las comunidades autónomas —con competencias transferidas en sanidad— deberán adaptar sus protocolos. En Andalucía, por ejemplo, el SAS ya ha confirmado que no opondrá obstáculos a la aplicación de la nueva normativa, aunque algunos ayuntamientos gobernados por el PP podrían limitar su difusión en centros de salud municipales.
Lo que está en juego es doble: por un lado, el acceso real a la IVE en España, donde el 40% de las mujeres —según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025— recurre a métodos no regulados por la falta de plazas en hospitales públicos. Por otro, una batalla política que trasciende el aborto: la medida refuerza la línea de descentralización sanitaria del Gobierno, en contraste con el modelo centralizado que defiende la oposición. La próxima semana, el Congreso de los Diputados debatirá una proposición de ley de Vox para prohibir la prescripción de mifepristona en Atención Primaria, lo que podría convertir este conflicto en un termómetro de la estabilidad legislativa antes de las elecciones de 2027.
