El TSJM falla a favor de Sanidad y Ayuso acata el registro tras recurso, pero el Gobierno central exige más celeridad
Mónica García, ministra de Sanidad, ha logrado imponer al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la creación de un registro público de médicos objetores al aborto en la Comunidad de Madrid, una medida que el Ejecutivo autonómico se resistía a aplicar desde 2023.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó en abril una medida cautelar que obligaba a la región a iniciar los trámites para este listado, tras una demanda de García. Aunque Madrid comenzó los pasos legales, el Ministerio de Sanidad ha denunciado que, a 1 de septiembre, no se ha avanzado más allá de lo inicial. Por ello, la ministra ha solicitado a la Abogacía del Estado que presione para acelerar su implementación, amenazando con multas e inhabilitaciones si no se cumple.
La ley de 2023, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, eliminó el plazo de reflexión previo al aborto y permitió la interrupción voluntaria del embarazo en menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno. Todas las comunidades, excepto Madrid, ya habían creado registros de objetores para garantizar el acceso al aborto en sanidad pública. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, argumentó que no era necesario «estigmatizar» a los profesionales, ya que la objeción de conciencia sigue vigente incluso en el último momento.
Sin embargo, el TSJM respaldó la postura de García, que considera el registro esencial para garantizar el «derecho» al aborto. Madrid, aunque ahora cumple la sentencia, sigue defendiendo que protege tanto la objeción de conciencia como el acceso al servicio, según declaró el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.
La disputa refleja el choque entre el modelo centralizado de Sanidad —que prioriza la accesibilidad al aborto— y la autonomía regional, donde Madrid apuesta por proteger a los profesionales sanitarios sin obligarles a figurar en un registro público.
