Alemania, Lituania y Suecia rechazan vincular la entrada de nuevos países al reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera
Varios socios comunitarios han mostrado su rechazo frontal a la nueva maniobra diplomática de España en Bruselas. El Gobierno español plantea condicionar la futura ampliación de la Unión Europea a la inclusión previa del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales del bloque. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió esta postura ante los Veintisiete. Sampedro reclamó terminar con la discriminación de 20 millones de españoles tras 40 años de pertenencia al club comunitario.
La respuesta en las capitales europeas ha sido de enfado generalizado ante este cambio táctico de Moncloa. Países como Alemania y Lituania han calificado de inaceptable esta vinculación directa entre ambos procesos. La ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, subrayó que no se deben mezclar estas dos carpetas. El debate apenas ocupó diez minutos en el último Consejo de Asuntos Generales en la capital belga. La presidencia de turno irlandesa ha descartado opciones de avance a corto plazo.
El Ejecutivo central intenta reactivar una promesa clave suscrita en el acuerdo de investidura de 2023 con las fuerzas independentistas catalanas. La incorporación de tres idiomas más elevaría el catálogo comunitario de 24 a 27 lenguas oficiales. Esta medida suscita serias reservas de índole jurídica, técnica y financiera entre varios Estados miembros. Gobiernos como Francia o Italia mantienen vetos persistentes desde hace más de tres años ante el temor a generar precedentes en sus propios territorios.
Para sortear la exigencia de unanimidad que implica una reforma de los Tratados, el equipo diplomático español propone fórmulas intermedias. Sampedro equiparó el caso al régimen del árabe en Naciones Unidas para justificar un estatus práctico sin modificar las normas fundacionales. Sin embargo, los socios europeos priorizan el proceso geoestratégico de adhesión de candidatos como Ucrania, Montenegro, Albania y Macedonia del Norte frente a las demandas internas de la política española.
