El presidente niega espionaje con Pegasus y pide paciencia para resolver la crisis, que supera las 6.000 plazas de emergencia
Pedro Sánchez ha desmontado este lunes en El Intermedio las acusaciones de chantaje marroquí y espionaje con el sistema Pegasus, defendiendo la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y negando que Marruecos tenga responsabilidad en la avalancha de los días 30 y 31 de julio. «No hay información sólida que demuestre su autoría», aseguró, mientras reclama «paciencia» para resolver una situación que supera las 6.000 plazas de emergencia creadas en una semana.
El presidente del Gobierno descartó que el mensaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enviado el 29 de julio al entonces jefe de gabinete de Ceuta, Gonzalo Sanz (ya dimitido), alertara de la magnitud real del fenómeno. «Los WhatsApp no son prueba de alertas», insistió, recordando que las advertencias de inteligencia se canalizan mediante informes oficiales. Sánchez reconoció que se detectaron «movimientos» previos, pero no «en la dimensión» de 70.000 migrantes que llegaron en dos días, con 141 fallecidos.
Ante las críticas de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), que denuncian presión marroquí, Sánchez advirtió: «Quien apuesta por romper relaciones no aporta soluciones, sino que enquista el problema». Subrayó que Marruecos actuó con «inteligencia» al contener la avalancha —alerta previa y devolución de migrantes—, aunque criticó que la UE no haya activado aún el mecanismo de protección temporal para Ceuta.
La crisis sigue abierta: este martes el Gobierno prevé alcanzar las 10.000 plazas de acogida, pero Sánchez advirtió que la estabilización «rozará fin de año». Vecinos como Antonio o Juan, citados en el programa, le exigieron plazos concretos. El presidente respondió que la complejidad legal y logística —devoluciones, identificación de menores no acompañados— alarga el proceso.
Contexto clave: Ceuta, con 82 km² y 86.000 habitantes, carecía de capacidad para gestionar emergencias de esta escala. La Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España permite expulsiones, pero su aplicación en masa choca con la lentitud administrativa. Mientras, el CGPJ investiga si hubo negligencia en la alerta previa, y el Parlamento Europeo presiona para que España active el mecanismo de solidaridad de la UE, bloqueado por Visegrado.
