El Grupo Municipal Socialista solicita modificar el Plan de Ordenación Municipal para suspender la tramitación de las instalaciones proyectadas en la ciudad
El Grupo Municipal Socialista de Talavera de la Reina ha registrado este lunes la solicitud de un Pleno extraordinario para modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) e interrumpir la tramitación de licencias para cuatro plantas de biometano proyectadas en el municipio.
La iniciativa, impulsada por los socialistas locales, busca paralizar los permisos necesarios para la construcción de estas instalaciones, que forman parte de un proyecto energético en desarrollo. El POM, instrumento urbanístico que regula los usos del suelo en el municipio, requiere una modificación específica para bloquear este tipo de proyectos, según establece la normativa autonómica de Castilla-La Mancha.
El biometano, gas renovable obtenido a partir de residuos orgánicos, ha ganado peso en los planes de transición energética de la región. Castilla-La Mancha cuenta con una estrategia autonómica que promueve su producción como alternativa a los combustibles fósiles, aunque su implantación depende de la aprobación municipal. En Talavera de la Reina, el proyecto de las cuatro plantas ha generado división entre los grupos políticos, sin que hasta ahora se hayan hecho públicas alegaciones técnicas o medioambientales formales.
La suspensión de licencias, de aprobarse en el Pleno, afectaría directamente a las empresas promotoras de las instalaciones, que podrían recurrir la decisión ante los tribunales. El Ayuntamiento de Talavera, gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox, no se ha pronunciado aún sobre la solicitud socialista, aunque fuentes del equipo de gobierno han señalado que evaluarán la propuesta con rigor técnico.
El conflicto refleja la tensión entre los objetivos de descarbonización y las competencias locales en materia urbanística. Mientras el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha impulsan proyectos de energías renovables, los ayuntamientos mantienen la última palabra sobre su ubicación, lo que ha generado disputas similares en otros municipios españoles. En este caso, la decisión final corresponderá al Pleno municipal, donde el PP y Vox suman mayoría absoluta.
