La proposición no de ley del 24‑agosto pide devoluciones inmediatas, mayor vigilancia marítima y financiación europea para la frontera norte de África
El Grupo Parlamentario Popular presentó el 24 de agosto una proposición no de ley que solicita 650 millones de euros adicionales para Ceuta y Melilla en el periodo 2027‑2032, tras los incidentes de los días 30 y 31 de julio de 2026.
El texto denuncia que la crisis de julio «desbordó los mecanismos de control» y «alteró profundamente el funcionamiento de la ciudad», afectando a la Seguridad Nacional, los servicios sanitarios y la Administración de Justicia.
Entre las medidas exigidas, el PP pide activar de forma inmediata los procedimientos de retorno voluntario o expulsión de los inmigrantes que accedan ilegalmente, y desplazar más unidades de Extranjería para acelerar la tramitación.
En materia de seguridad, la propuesta solicita ampliar el perímetro fronterizo mar adentro desde el espigón del Tarayal, incrementar el número de efectivos de Policía, Guardia Civil, jueces, fiscales y sanitarios, e implantar un sistema permanente de vigilancia marítima y costera.
El grupo también insta al Gobierno a que la cooperación con Marruecos se base en el respeto y la reciprocidad, exigiendo que España no dependa de la actuación de otro Estado para garantizar la integridad territorial de Ceuta y Melilla.
Finalmente, la iniciativa demanda que la UE financie estas actuaciones y conceda a las ciudades un tratamiento equiparable al de las regiones ultraperiféricas, además de aprobar un Plan de Reactivación Económica de al menos 650 millones de euros para bonificar la Seguridad Social, impulsar el comercio y mejorar la conectividad con la península.
El PP también solicita que se habiliten procedimientos de «devoluciones en caliente» para quienes accedan por mar, permitiendo la expulsión inmediata sin la necesidad de un proceso judicial prolongado, y que el procedimiento de asilo se diferencie claramente entre los solicitantes que llegan por vías regulares y aquellos que lo hacen de forma irregular.
Asimismo, el grupo parlamentario pide que la UE otorgue fondos específicos para la construcción de nuevas instalaciones de control fronterizo y para la capacitación de personal de Extranjería, Policía y Guardia Civil, con el fin de reforzar la capacidad operativa en la zona.
