El Tribunal de Vera admite a los primeros afectados en la causa judicial, que investiga la falta de alertas y la velocidad del fuego que arrasó 5.200 hectáreas
El Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha admitido como acusación particular a ocho familias de las catorce víctimas mortales del incendio forestal de Los Gallardos, ocurrido el pasado julio. La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción formalizó la personación tras el ofrecimiento de acciones legales realizado el viernes, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
De los ocho casos reconocidos, tres familias realizaron el trámite de forma presencial en las dependencias judiciales de Vera, mientras que las cinco restantes lo hicieron mediante videoconferencia desde distintos puntos de Europa. La mayoría de las víctimas mortales eran extranjeras, lo que explica la necesidad de este formato. Un noveno caso fue aplazado a petición del abogado del interesado, sin que el TSJA detallara los motivos.
La personación de los familiares fue posible gracias a las diligencias previas iniciadas por la Guardia Civil, que verificó el parentesco de los denunciantes con las víctimas tras las denuncias por desaparición presentadas en los días posteriores al incendio. Este paso era indispensable para que el juzgado pudiera ofrecerles la posibilidad de sumarse a la causa como parte perjudicada. El resto de afectados podrá unirse al proceso en cuanto lo soliciten.
El incendio, que avanzó a una velocidad de 128 metros por minuto y calcinó 5.200 hectáreas, dejó catorce fallecidos y tres heridos graves, ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Durante las comparecencias del viernes, varios hijos de las víctimas denunciaron públicamente la ausencia de alertas preventivas y la falta de tiempo para evacuar sus viviendas, lo que apunta a posibles fallos en los protocolos de emergencia.
La causa judicial, abierta tras las primeras investigaciones, examinará ahora las responsabilidades en la gestión del siniestro, incluyendo la actuación de las administraciones locales y autonómicas. El caso se enmarca en un contexto de creciente judicialización de desastres naturales en España, donde la falta de coordinación entre instituciones o la demora en las alertas ha sido objeto de escrutinio en incendios anteriores, como el de Sierra Bermeja (Málaga) en 2021.
Fuente: El Confidencial
