El vertido de purines en Tordoia la semana pasada obligó a la Junta a pedir transparencia sobre la capacidad real de la estación de tratamiento de agua potable
La **Xunta de Galicia** ha reclamado al **ayuntamiento de Santiago de Compostela** «información completa y actualizada» sobre la capacidad real de su **estación de tratamiento de agua potable (ETAP)** para gestionar episodios excepcionales, tras el vertido de purines ocurrido la semana pasada en una granja de **Tordoia**. El incidente, causado por la rotura de una balsa de purines, contaminó el río **Tambre**, lo que ha puesto en alerta a las autoridades autonómicas sobre los riesgos de colapso en la infraestructura municipal.
La solicitud, formalizada en una carta dirigida a la concejalía de **Ríos Medio Ambiente**, subraya la necesidad de verificar si la ETAP de Santiago —clave para el suministro de agua a más de 260.000 personas en la comarca— puede absorber picos de contaminación sin afectar a la red de distribución. Según datos de la **Consell ería de Medio Ambiente**, la ETAP procesa diariamente unos **12.000 metros cúbicos de agua**, pero no hay registros públicos que detallen su capacidad máxima en situaciones de emergencia, como la registrada tras el vertido de Tordoia.
El episodio se enmarca en una serie de incidentes recurrentes en la **comarca de Santiago**, donde la **Dirección General de Calidad Ambiental** ha detectado en los últimos 18 meses **tres vertidos ilegales** de purines en cursos fluviales, todos vinculados a explotaciones ganaderas. El último, en Tordoia, superó los **50.000 litros** derramados, según informes preliminares de la **Guardia Civil Ambiental**, y obligó a cortar el suministro de agua en dos barrios de Santiago durante 48 horas. La Xunta ya había advertido en mayo pasado sobre la «insuficiente coordinación» entre los ayuntamientos y las empresas ganaderas en la gestión de residuos, pero este caso ha escalado la presión política.
El alcalde de Santiago, **Martín Villalba (PSdeG-PSOE)**, ha confirmado que el consistorio «está trabajando con la Xunta para auditar la ETAP», aunque ha evitado concretar plazos. Mientras, la oposición municipal —representada por **PP y BNG**— ha exigido «transparencia total» y ha recordado que el presupuesto municipal para infraestructuras hidráulicas se ha reducido un **12%** desde 2023. La **Federación Galega de Concellos** (FEGAMP) ya ha anunciado que elevará el caso a la **Consejería de Hacienda** para evaluar posibles sanciones por «incumplimiento de la normativa de calidad del agua» (Real Decreto 3/2023).
Este incidente llega en un contexto de **tensión por la sequía** en Galicia, donde la **Confederación Hidrográfica del Miño-Sil** ha activado el **nivel 3 de alerta** en 15 municipios, incluyendo Santiago. La ETAP local depende en un **30%** de agua procedente del río Tambre, cuya calidad se ha visto afectada por los vertidos. La Xunta ha insistido en que «la prioridad es garantizar el suministro», pero la falta de datos actualizados sobre la capacidad de la planta complica la respuesta a posibles crisis futuras.
