Nuevos requisitos para evitar alteraciones en el censo: certificados de nacimiento, empadronamientos o testamentos de antepasados
Junta Electoral Central exige desde este jueves 24 de septiembre pruebas documentales —como partidas de nacimiento, empadronamientos o testamentos— a los descendientes de exiliados españoles (1936-1955) para votar en España bajo la ley de nietos. La medida, aprobada por unanimidad, busca evitar manipulaciones en el censo tras el aumento masivo de solicitudes de nacionalidad.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los consulados españoles a solicitar copias de DNI, partidas de nacimiento, defunción o recibos de impuestos del ascendiente para demostrar el arraigo en una circunscripción concreta. Hasta ahora, la ley de 2022 no exigía justificar la elección de municipio para votar, lo que ha provocado que en algunos casos el censo de ausentes supere al de residentes.
El Tribunal Supremo ya advirtió en un auto de medidas cautelares sobre el riesgo de «alteraciones repentinas» en las listas electorales. La Junta Electoral Central sigue así las recomendaciones de la Oficina del Censo, que alertó de posibles irregularidades en la adscripción de votantes sin vinculación previa con España.
El contexto: cómo se tramita la nacionalidad por la ley de nietos
La Ley de Memoria Democrática (aprobada en 2022) permite a hijos y nietos de españoles exiliados entre 1936 y 1955 obtener la nacionalidad sin necesidad de residir en España. Sin embargo, hasta ahora no se exigía demostrar el arraigo en una circunscripción para votar. La nueva medida obliga a los consulados a verificar que el solicitante tenga vínculos documentales con el municipio elegido, como empadronamientos de antepasados o certificados de propiedad.
Según datos de la Oficina del Censo, en los últimos meses se han multiplicado las solicitudes de nacionalidad por esta vía, especialmente en consulados de Argentina, Uruguay y México. En algunos municipios españoles, como Madrid, Barcelona o Valencia, el censo de ausentes vinculados a la ley de nietos ha crecido un 30% en 2026 respecto a 2025, según registros internos de la Junta Electoral.
¿Qué implicaciones tiene esta decisión?
La medida afecta directamente a más de 50.000 solicitudes pendientes en consulados españoles, según estimaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los partidos políticos ya han reaccionado: PP y Vox han calificado la decisión de «necesaria para garantizar la transparencia», mientras que Sumar y Podemos han criticado que «limita el derecho al voto de los descendientes del exilio».
La Asociación de Abogados de Exiliados (AAE) advierte de que algunos solicitantes podrían verse afectados por la falta de documentación histórica, especialmente en casos de familias con registros perdidos durante la Guerra Civil. La Junta Electoral Central ha aclarado que los consulados podrán aceptar pruebas alternativas, como testimonios de familiares o archivos parroquiales, si no existen documentos oficiales.
El plazo para adaptar los trámites en los consulados es de tres meses, según el acuerdo de la Junta. Mientras tanto, los partidos políticos ya preparan enmiendas parlamentarias para modificar la ley y evitar que la nueva exigencia desincentive futuras solicitudes.
En la reunión de la Junta Electoral Central celebrada el 20 de septiembre, se acordó que el Consulado de España en Buenos Aires, uno de los más activos en la tramitación de la ley de nietos, deberá incorporar la nueva lista de requisitos en sus procedimientos internos a partir del 1 de octubre. Este consulado, que atiende a más de 12.000 solicitantes anualmente, ya ha iniciado la capacitación de su personal para garantizar la correcta aplicación de las nuevas exigencias documentales.
