La asociación Jucil critica la respuesta del Ministerio del Interior y varios alcaldes de la región se oponen a la pérdida de presencia de la Guardia Civil
La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha denunciado el desmantelamiento pausado, pero constante del cuerpo en Cataluña, criticando la respuesta del Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska, que se escuda en eufemismos como «optimización de recursos» o «reorganización» de efectivos.
Entre los casos más flagrantes se encuentran el cierre de la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la Cerdaña y del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) en la Costa Brava, decisiones que han encontrado el rechazo de varios gobiernos locales, incluidos algunos liderados por partidos secesionistas como Junts o ERC.
La oposición de los gobiernos locales
El alcalde de Bolvir, Isidre Chia, de Junts, ha señalado que «lo que prevalece es el sentido común» y que no sería de sentido común sacudirse de encima unas prestaciones policiales que funcionan bien. Chia es también presidente del Consejo Comarcal de la Cerdaña, que agrupa a los 17 municipios que forman parte de esta comarca, y en mayo de 2025, este organismo votó una moción para pedir refuerzos de la Guardia Civil en la zona.
En la Costa Brava, el alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, pidió por carta que se mantuviese la presencia de los submarinistas de la Guardia Civil en la zona, ya que hacen una tarea «muy importante». Otros alcaldes de la zona, como los de Calonge i Sant Antoni y Begur, también se han opuesto al cierre de los GEAS.
Implicaciones del desmantelamiento
La asociación Jucil alerta de que el cierre de estas unidades supone una pérdida real de presencia, capacidad operativa y arraigo territorial en Cataluña, y que se trata de un «repliegue en toda regla» que deja descubiertas zonas estratégicas del litoral y reduce la inmediatez ante emergencias complejas.
Además, la pérdida de la unidad del Seprona en la Cerdaña supone una reducción notable en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales, como incendios forestales o contaminación de aguas, lo que podría tener graves consecuencias para la biodiversidad y la salud humana en la zona.
En este sentido, la votación de la moción en el Consejo Comarcal de la Cerdaña en mayo de 2025, que pedía refuerzos de la Guardia Civil en la zona, fue un llamado de atención a las autoridades para que reconsideren la decisión de cierre de la unidad del Seprona y prioricen la seguridad y la protección del medio ambiente en la zona.
