La asociación profesional exige investigar el origen, difusión y finalidad de un documento de casi 500 páginas que incluye información personal de guardias civiles, policías y militares
La asociación profesional Jucil ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional por la aparición de un fichero de casi 500 páginas con datos personales de agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. El documento, cuya difusión ha generado alarma por su potencial uso para identificar, localizar o contactar con los afectados, incluye información que podría facilitar labores de vigilancia, intimidación o incluso la selección de objetivos, según advierte la organización.
Jucil solicita que la investigación judicial determine cómo se recopiló la información, quién tuvo acceso a los datos antes de su unificación en un solo archivo y con qué finalidad se elaboró. La asociación subraya que el riesgo no se limita a los agentes, sino que también afecta a sus familias, y reclama que se reconstruya toda la cadena de actuaciones, desde la obtención inicial de los datos hasta su distribución. Entre las incógnitas clave figura el origen de la información: si provino de fuentes públicas o si hubo un acceso ilícito a sistemas, dispositivos o bases de datos no autorizados.
El fichero afecta a miembros de distintos cuerpos y contiene elementos que, combinados, permiten obtener una imagen detallada de las personas incluidas. Jucil insiste en identificar a todos los implicados en su elaboración, ya que quien recopiló los datos podría no ser la misma persona que los ordenó y difundió. Para ello, la asociación ha pedido la intervención de unidades policiales especializadas, con especial atención a los canales digitales —como Telegram— donde el documento pudo circular, para preservar pruebas antes de que sean eliminadas o modificadas.
La investigación también deberá esclarecer el propósito de la recopilación masiva. Aunque Jucil no atribuye una finalidad concreta a los responsables, advierte de que la exposición de estos datos podría utilizarse para fines como la ingeniería social o la intimidación. «La seguridad y la intimidad de nuestros compañeros guardias civiles y de sus familias no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar expuestas impunemente en internet», declaró Ángel Lezcano, secretario general de la asociación, que ha anunciado que perseguirá el caso «hasta donde sea necesario».
El caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la protección de datos sensibles de agentes de seguridad, especialmente tras incidentes previos de filtraciones o ciberataques dirigidos a instituciones públicas. La Audiencia Nacional, competente en delitos de especial gravedad o que afecten a intereses generales, será la encargada de decidir si abre una investigación formal, mientras Jucil prioriza la conservación de las pruebas digitales disponibles.
