La concesionaria, con 15 años al frente de los centros, asegura que el Tribunal Administrativo suspendió la licitación tras analizar sus recursos y alertar con dos meses de antelación
La empresa La Casita de Chocolate, concesionaria de las escuelas infantiles municipales de Toledo desde hace 15 años, ha acusado al Ayuntamiento de la ciudad de ofrecer un relato «que no se corresponde con la realidad documental» sobre la paralización de la nueva licitación del servicio. En un comunicado, la compañía rechaza ser responsable de la incertidumbre generada ante el inicio del próximo curso escolar y detalla que fue el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales quien suspendió cautelarmente el proceso tras analizar sus recursos y dar audiencia al Consistorio.
El conflicto se centra en la licitación de las escuelas, cuya continuidad quedó en el aire tras la presentación de un recurso especial por parte de La Casita de Chocolate contra los pliegos y el estudio económico del contrato. La empresa subraya que no recurrió la adjudicación —que ni siquiera se había producido—, sino aspectos concretos como la aplicación de las tablas salariales de las trabajadoras. El Ayuntamiento modificó posteriormente esa partida, aplicando las tablas salariales A solicitadas por la concesionaria, pero persistieron otras discrepancias, como las condiciones económicas y el absentismo laboral.
La compañía asegura que, antes de acudir a los tribunales, alertó al Consistorio el 16 de junio sobre la posibilidad de que la nueva adjudicación no estuviera resuelta antes del 31 de agosto, fecha en la que expiraba su orden de continuidad. En un informe registrado, advirtió de las «consecuencias laborales, organizativas y operativas» que podrían sufrir familias, trabajadoras y centros si no se garantizaba una transición estable. La empresa insiste en que su objetivo no era paralizar el proceso, sino señalar riesgos que, a su juicio, el Ayuntamiento ignoró.
La Casita de Chocolate niega haberse desentendido del servicio y afirma que estudió la propuesta municipal para prolongar temporalmente la gestión, aunque rechazó una continuidad provisional que pudiera obligar a las familias a afrontar dos cambios de empresa en un mismo curso. La compañía argumenta que la estabilidad es clave para organizar equipos, contratar proveedores o gestionar matrículas, y recuerda que ha mantenido el funcionamiento ordinario de los centros hasta la fecha, incluyendo la atención a las familias y la colaboración con los técnicos municipales.
El Tribunal Administrativo justificó la suspensión cautelar al considerar que los perjuicios de continuar con la licitación podrían ser mayores que los derivados de su paralización. La empresa califica de «injusto» que el Ayuntamiento atribuya la interrupción del proceso a su actuación, cuando, según su versión, fue una decisión judicial basada en los argumentos presentados. La concesionaria, que gestiona el servicio desde 2009, anuncia que lo mantendrá hasta el 31 de agosto y facilitará la transición legalmente establecida, aunque advierte de que defenderá su postura con «fechas, documentos, expedientes y resoluciones oficiales».
