Foro Judicial Independiente denuncia falta de mejora tras alertas previas de Perelló y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha publicado este jueves una carta abierta a los políticos en la que advierte que los ataques públicos a las resoluciones judiciales constituyen una «grave erosión del Estado de derecho». El texto, firmado por jueces de toda España, subraya que esta práctica no solo afecta a la independencia judicial, sino que debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
La preocupación no es nueva. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ya alertó públicamente sobre este fenómeno, así como el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el francés Mattias Guiomar, durante su última visita a España. Según denuncia la FJI, «seguimos igual»: las críticas políticas a sentencias siguen sin moderarse, a pesar de los avisos institucionales.
El mensaje de los jueces llega en un contexto de creciente polarización política, donde resoluciones judiciales en casos como el de Ceuta, la ley de amnistía o la investigación a altos cargos han sido objeto de cuestionamientos desde sectores políticos y mediáticos. La FJI recuerda que estos ataques no solo vulneran la autonomía judicial, sino que ponen en riesgo el principio de separación de poderes, pilar básico de cualquier democracia.
La carta, dirigida a todos los grupos parlamentarios, no propone soluciones concretas, pero sí insta a los políticos a evitar declaraciones que puedan interpretarse como presiones sobre el Poder Judicial. El texto destaca que, aunque la Constitución garantiza la independencia judicial, su efectividad depende de que los poderes políticos respeten ese marco. La FJI no menciona nombres concretos, pero su advertencia llega en un momento en que figuras como Alberto Núñez Feijóo (PP) o Ayuso (PP-Madrid) han criticado abiertamente resoluciones judiciales recientes.
El CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces en España, no ha reaccionado aún a la carta, pero su presidenta, Isabel Perelló, ya había señalado en anteriores ocasiones que estos ataques amenazan la credibilidad del sistema judicial. La FJI, por su parte, insiste en que la situación requiere una respuesta urgente, aunque no especifica qué medidas concretas deberían adoptarse.
