Enrique Santiago critica que el tribunal suspenda el voto de los nacionalizados y pide al PP y Vox que se retiren de la Justicia
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha acusado al Tribunal Supremo de sumarse a «una campaña de deslegitimación de la democracia» por suspender el derecho al voto de las personas que adquirieron la nacionalidad española a través de la ley de nietos. La resolución del alto tribunal, según Santiago, ha generado «estupefacción» porque, a su juicio, adopta decisiones que corresponden al Tribunal Constitucional.
La ley de nietos permite obtener la nacionalidad española a los descendientes de quienes salieron del país en los primeros años de la dictadura. El Supremo ha frenado el censo electoral de estas personas, lo que en la práctica les impide votar. Santiago sostiene que la medida retira el derecho al voto sin cuestionar el derecho a la nacionalidad, algo que considera «inseparable y no tiene mucho fundamento histórico».
El diputado de Sumar enmarca la decisión en lo que denomina ‘lawfare’, la intervención de sectores judiciales en la política. «La aplicación de una ley sólo la puede hacer el Constitucional o el Congreso de los Diputados», ha afirmado Santiago, para quien el Supremo «se arroga competencias que no tiene». A su juicio, detrás de esta actuación está «la voluntad del PP de controlar al 100 % las vocalías del Poder Judicial para garantizar que los nombramientos estén bajo su control».
Santiago ha pedido al PP y a Vox que «quiten las manazas de la Justicia» y ha reprochado a ambas formaciones que «sólo reconocen resultados electorales cuando ellos ganan». Como ejemplo, ha señalado que cuestionan el voto por correo en las elecciones generales pero no en las autonómicas, donde sí obtienen la victoria. También ha advertido del descrédito que, a su entender, genera en la ciudadanía la actuación de «una minoría» de jueces, aunque ha reconocido que «la mayoría hacen bien su trabajo».
La suspensión del censo de la ley de nietos se produce después de que el Supremo admitiera a trámite un recurso contra el derecho al voto de este colectivo. La decisión afecta a los descendientes de emigrantes que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la normativa aprobada en 2022, que amplió las vías para acceder a la ciudadanía española. El caso enfrenta al Gobierno y a sus socios con el principal partido de la oposición en un asunto que mezcla política migratoria y administración electoral.
