La ministra de Vivienda evita entrar en controversias sobre la crisis migratoria y delega en Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, la comunicación oficial
La ministra de Vivienda y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha descartado este miércoles participar en «cualquier tipo de polémica» sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y ha centrado su discurso en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender a los afectados. Durante una visita a Valladolid para supervisar obras de viviendas colaborativas de alquiler joven, Rodríguez ha subrayado que la prioridad es «dar respuesta» a las personas desplazadas, incluyendo su filiación, documentación y la repatriación de quienes procedan de Marruecos.
Rodríguez ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez «siempre ha estado en las emergencias» y ha destacado la creación de un mando único en Ceuta, liderado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Este mecanismo, activado el martes, busca centralizar la coordinación entre administraciones y agilizar la atención a los más de 8.000 migrantes que han llegado a la ciudad autónoma en los últimos días. La ministra ha justificado su silencio en la polémica aludiendo a la «implicación diplomática» del asunto y ha remitido a las declaraciones de Torres, quien se encuentra «sobre el terreno».
La titular de Vivienda ha vinculado su conocimiento de la situación en Ceuta a su anterior responsabilidad como ministra de Política Territorial, cargo desde el que impulsó planes estratégicos para la ciudad y Melilla. En este contexto, ha revelado que el Gobierno ha destinado «más de 300 millones de euros» en inversiones para ambas ciudades autónomas, aunque no ha detallado el desglose ni el plazo de ejecución. La cifra contrasta con las críticas de la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de «abandono» y falta de previsión ante la llegada masiva de migrantes.
La crisis en Ceuta, desencadenada por la relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos, ha reavivado el debate sobre la gestión migratoria y las relaciones bilaterales entre España y el país vecino. Mientras el Gobierno insiste en la colaboración con las autoridades marroquíes para «concluir los procesos de vuelta», colectivos sociales y partidos como Vox exigen medidas más duras, como el cierre de fronteras o la militarización del perímetro. La ministra, sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre estas propuestas y ha apelado a la «empatía» con el «sufrimiento» ciudadano, sin concretar acciones adicionales.
La decisión de delegar la comunicación en Torres refleja la estrategia del Ejecutivo de evitar contradicciones públicas en un asunto con alta sensibilidad política. El ministro de Política Territorial, que asumió el cargo en julio tras la remodelación del Gobierno, se enfrenta así a su primera gran prueba en materia de gestión de crisis, mientras la oposición aprovecha la situación para cuestionar la capacidad de respuesta del Ejecutivo a menos de un año de las elecciones generales.
