La medida, incluida en la Instrucción 9/2026 de Interior, busca dar seguridad jurídica a los agentes tras la sentencia del Supremo que limita las devoluciones ‘en caliente’
La Guardia Civil ha comenzado a colocar una barrera marítima en el dique sur de Melilla, similar a la instalada en Ceuta, para «reforzar el control» en la frontera marítima de la ciudad autónoma. Fuentes de la Comandancia de Melilla han confirmado que la instalación requiere «varias fases de colocación y anclaje», sin precisar plazos, y han recordado que la zona permanece restringida al acceso por razones de seguridad.
La medida se enmarca en la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad, firmada el 1 de agosto, que regula la instalación de estos dispositivos en las aguas de Ceuta y Melilla. El objetivo es aplicar los rechazos en frontera a inmigrantes que intenten acceder a España a nado tras superar las barreras, un procedimiento amparado por la Ley de Extranjería. La instrucción responde a una sentencia del Tribunal Supremo que estableció que las devoluciones ‘en caliente’ solo pueden aplicarse a quienes franqueen elementos de contención fronterizos, no de forma generalizada.
El Supremo aclaró que la ley no limita estos elementos a vallas terrestres, por lo que su extensión al mar permite aplicar el rechazo en frontera a quienes superen las nuevas barreras. Interior ha destacado que la instrucción busca proporcionar «seguridad jurídica» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar en la línea marítima de ambas ciudades autónomas.
La instalación de estas barreras se produce en un contexto de tensión migratoria en las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla. En 2025, más de 3.000 personas intentaron acceder a nado a Ceuta desde Marruecos, según datos del Ministerio del Interior, una cifra que duplicó la del año anterior. La nueva infraestructura no solo busca disuadir estos intentos, sino también delimitar el marco legal para las devoluciones, evitando conflictos con la justicia.
Organizaciones como CEAR y Amnistía Internacional han criticado en el pasado estas medidas, argumentando que vulneran derechos fundamentales al no garantizar una evaluación individual de cada caso. Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida cumple con la legalidad vigente y se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Fuente: The Objective
