El Gobierno evita reformar la Ley de Extranjería tras una sentencia del Supremo que prohibía las expulsiones sin trámites a quienes llegaran a nado
El Gobierno ha instalado una barrera flotante en la frontera marítima de Ceuta para permitir la aplicación de devoluciones en caliente a migrantes que intenten cruzar a nado, según recoge la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. La medida, implementada a principios de agosto, convierte a quienes superen este obstáculo físico en susceptibles de rechazo en frontera, evitando así el procedimiento de devolución ordinario.
La decisión responde a una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que declaró ilegal aplicar la devolución en caliente a migrantes interceptados en el mar sin haber superado elementos de contención fronterizos. El Alto Tribunal argumentó que los dispositivos de vigilancia —como drones o cámaras térmicas— no cumplen una función de contención física, por lo que no justificaban la aplicación del régimen especial de Ceuta y Melilla. La sentencia, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de instalar barreras físicas en el mar para activar este procedimiento.
El Gobierno ha optado por la vía más rápida: colocar una barrera flotante en lugar de reformar la Ley de Extranjería, un proceso que requeriría mayoría absoluta en el Congreso y negociación con la oposición. La medida se enmarca en un contexto de presión migratoria, tras el asalto masivo registrado a finales de julio, cuando miles de personas intentaron cruzar la frontera. Marruecos, por su parte, ha desplegado un dispositivo de control en la zona limítrofe, aunque no ha intervenido directamente en las devoluciones.
La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería permite rechazar en frontera a quienes sean detectados «mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos». Hasta ahora, esta normativa solo se aplicaba a quienes saltaban las vallas terrestres de Ceuta y Melilla, pero la sentencia del Supremo excluyó a los migrantes que llegaban por mar. La instalación de la barrera flotante cierra este vacío legal, aunque organizaciones de derechos humanos podrían impugnar la medida por considerar que vulnera el principio de no devolución.
El Ejecutivo no ha detallado el coste ni el diseño técnico de la barrera, pero fuentes de la Guardia Civil confirmaron que su función es disuadir y contener los intentos de cruce. La medida se suma a otros dispositivos de control, como el refuerzo de efectivos y la colaboración con Frontex, la agencia europea de fronteras. Mientras, el Gobierno marroquí mantiene su postura de no readmitir a migrantes devueltos sin identificación previa, lo que podría complicar la ejecución de las expulsiones.
Fuente: El Mundo
