Los partidos critican que la presidenta de la FEMP asignó sin consulta el puesto en la delegación ante el Comité de las Regiones al presidente de Ceuta, Juan Vivas
El Grupo Socialista, IU‑Compromís‑Comuns‑Podemos, ERC y Junts, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han denunciado el pasado 2 de septiembre la organización unilateral de concentraciones de solidaridad con Ceuta por parte de su presidenta, María José García Pelayo.
Según el comunicado conjunto, la convocatoria de manifestaciones en ayuntamientos y la celebración de la Junta de Gobierno de septiembre en Ceuta se realizaron sin el respaldo ni la aprobación de los órganos de gobierno de la FEMP, pese a que la federación representa a más de 10.000 municipios.
Los partidos también critican la cesión del puesto en la delegación de la FEMP ante el Comité de las Regiones al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, señalando que la decisión careció de consenso y vulneró el principio de institucionalidad que la propia federación promueve.
En el comunicado, los representantes subrayan que la solidaridad de los gobiernos locales está “más que acreditada” en crisis como la pandemia de COVID‑19 o la erupción del volcán de La Palma, pero insisten en que debe desarrollarse siempre con acuerdo entre las fuerzas políticas y no de forma unilateral.
Los portavoces de los cuatro grupos exigen a García Pelayo que rectifique las decisiones adoptadas y ajuste su actuación a los principios de “institucionalidad y lealtad” hacia el resto de la federación y los gobiernos locales asociados, advirtiendo que la falta de consenso podría erosionar la cohesión interna de la FEMP.
La situación ha generado un clima de tensión dentro de la FEMP, ya que los partidos políticos que han firmado el comunicado conjunto consideran que la presidenta ha actuado de forma inapropiada y ha puesto en riesgo la unidad de la federación. La FEMP, como institución, tiene un papel fundamental en la representación de los intereses de los municipios y provincias españolas, y cualquier decisión que se tome debe ser consensuada y respetar los principios de institucionalidad y lealtad.
En este sentido, los partidos políticos que han denunciado la actuación de García Pelayo esperan que se tomen medidas para rectificar la situación y garantizar que la FEMP siga siendo una institución cohesionada y representativa de los intereses de los gobiernos locales. La situación sigue siendo objeto de atención y seguimiento por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación, que esperan una resolución pronto.
