El delegado del Gobierno cifra en 500 los menores no acompañados, mientras el presidente autonómico denuncia falta de medios para identificarlos y acusa a Marruecos de no colaborar
El Gobierno central y la ciudad autónoma de Ceuta mantienen versiones opuestas sobre el número de migrantes que permanecen en la ciudad seis días después de la avalancha del 31 de julio en el espigón de El Tarayal. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, afirmó este miércoles que hay unos 2.500 migrantes, de los cuales 500 son menores. En cambio, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, aseguró que podrían ser 6.000 y criticó la falta de medios para contabilizarlos con exactitud.
Vivas denunció que los centros de acogida operan al 2.600% por encima de su capacidad, con 1.100 menores atendidos frente a los 750 habituales. «Es una situación absolutamente insostenible», declaró en TVE, cuestionando la demora en identificar a los migrantes y en iniciar los expedientes de expulsión. Pérez Triano, por su parte, destacó que se repartieron 2.000 raciones de comida el martes y recordó la partida de 25 millones de euros aprobada por el Gobierno para atender la crisis, aunque reconoció en la SER que el proceso «no va a ser rápido ni sencillo».
La discrepancia se extiende a la relación con Marruecos. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez agradece la «colaboración» del país vecino, Vivas e Imbroda, presidente de Melilla, insisten en que Rabat «no es un socio fiable». Vivas puso en duda que la entrada masiva de migrantes —que el CNI consideró «imprevisible»— fuera solo obra de mafias y redes sociales. «¿Alguien puede pensar que se movilizan 80.000 personas sin que las autoridades marroquíes lo perciban?», preguntó. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, defendió la cooperación con Marruecos como «sumamente importante».
La Fiscalía de Menores podría actuar de oficio si las comunidades autónomas gobernadas por el PP mantienen su negativa a acoger a los menores. Pérez Triano confirmó que el Gobierno monitoriza mensajes en redes que convocan un nuevo intento de entrada el 15 de agosto, aunque no detalló medidas concretas. Los migrantes se concentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en el barrio de El Príncipe, donde la saturación agrava la crisis humanitaria.
El marco legal aplicable es la Ley de Extranjería, que regula los expedientes de expulsión y la identificación de migrantes. Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones y la presión en los centros de acogida —diseñados para situaciones controladas— revelan un sistema al límite. El precedente más cercano es la crisis de 2021, cuando Ceuta registró una entrada masiva similar, aunque con cifras inferiores (unas 10.000 personas en 48 horas).
La tensión política se centra en la gestión de los menores no acompañados, cuya acogida depende de las comunidades autónomas. El PP, que gobierna en varias de ellas, ha rechazado asumir más casos, lo que podría derivar en una intervención judicial. Mientras, el Gobierno central insiste en que la solución pasa por reforzar la Oficina de Extranjería y mantener la colaboración con Marruecos, pese a las críticas de las ciudades autónomas.
