Moncloa convoca a cuatro ministros en la Cámara Baja para finales de agosto, un mes después de la crisis, mientras el PP amenaza con acciones legales por su ausencia en el Senado
El Gobierno ha registrado este viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia de cuatro ministros —Margarita Robles (25 de agosto), Félix Bolaños (27), José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska (28)— para evitar que el presidente Pedro Sánchez tenga que dar explicaciones sobre el asalto a Ceuta, que dejó al menos 142 muertos el pasado 30 de julio. Las fechas, fijadas para la última semana de agosto, retrasan un mes el debate parlamentario sobre la crisis, calificada por Sánchez como una «grave violación de la integridad territorial» de España.
La estrategia busca también eludir al Senado, donde el PP, con mayoría absoluta, había convocado a los mismos ministros en comisiones a partir de la próxima semana. El Ejecutivo argumenta que la prioridad corresponde a la Cámara Baja, por lo que los ministros no acudirán al Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán (PP), advirtió que su ausencia «podría dar lugar a las correspondientes acciones que en derecho procedan», al recordar que los ministros están obligados legalmente a comparecer ante las comisiones senatoriales.
La polémica se intensifica con las críticas del PP, cuya vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Escurra, acusó a Sánchez de priorizar sus vacaciones en la residencia de La Mareta (Lanzarote) sobre las explicaciones por la crisis. Escurra denunció que en la residencia presidencial hay «más buzos en la playa […] que en Ceuta buscando cuerpos sin vida» y anunció que, si los ministros incumplen su obligación de comparecer en el Senado, «tendrán que explicar por qué y asumir las consecuencias».
Mientras, Sumar y Vox han registrado una solicitud conjunta para que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezca en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Ambos partidos buscan esclarecer si el Centro Nacional de Inteligencia alertó al Gobierno sobre el movimiento masivo de hasta 100.000 personas hacia la frontera ceutí, documentado por ONG marroquíes y difundido en redes sociales como TikTok. La discrepancia entre los ministros de Interior (Grande-Marlaska, que negó alertas previas) y Defensa (Robles, que defendió al CNI) añade tensión al debate.
El Gobierno también ha frenado la visita del Rey Felipe VI a Ceuta, pese al compromiso adquirido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El ministro Óscar López condicionó el viaje a que sea «oportuno» y «coordinado» con Moncloa, que teme que Rabat lo interprete como un gesto hostil. Desde su coronación, el Rey no ha visitado Ceuta ni Melilla, ciudades cuya soberanía España refrenda constitucionalmente.
