La Moncloa fija comparecencias para finales de agosto en la Cámara Baja, donde controla la agenda, mientras el PP amenaza con llevar el caso al Constitucional
El Gobierno ha evitado que los ministros de Interior, Defensa, Exteriores y Presidencia comparezcan ante el Senado, dominado por el PP, tras la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta, donde 72.000 personas cruzaron la frontera y murieron más de 140. Margarita Robles, ministra de Defensa, no acudió este martes a la Cámara Alta, sumándose a las ausencias previas de Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares. La Moncloa alega que las comparecencias se producirán «más adelante», pero ha registrado ya sus propias solicitudes en el Congreso para los días 25, 27 y 28 de agosto.
La estrategia busca trasladar el debate a la Cámara Baja, donde el Ejecutivo cuenta con el apoyo de sus socios y el PP no puede imponer su agenda. El artículo 108 de la Constitución establece que el Gobierno responde políticamente ante el Congreso, lo que permite a la Moncloa argumentar la «prioridad institucional» de esta Cámara. Sin embargo, el artículo 110 reconoce la capacidad del Senado para reclamar comparecencias, por lo que la ausencia de los ministros no tiene consecuencias legales, aunque sí políticas.
El PP, que solicitó las comparecencias el 5 de agosto, ha anunciado su intención de llevar el caso al Tribunal Constitucional, aunque la vía no es sencilla al tratarse de una comisión ordinaria. La tensión entre ambas Cámaras refleja un pulso recurrente: el PP ha usado su mayoría en el Senado para impulsar comisiones de investigación paralelas a las del Congreso, como ocurrió con la gestión de la dana en Valencia. Ahora, el Gobierno invierte la dinámica, priorizando el relato en la Cámara Baja.
La Moncloa justifica su decisión con tres argumentos: evitar la «duplicidad» de explicaciones, la necesidad de tiempo para analizar una crisis aún abierta y el carácter inhábil de agosto en las Cortes. Sin embargo, el retraso hasta finales de mes —casi un mes después de los hechos— permite al Ejecutivo presentar su versión en el Congreso antes que en el Senado, donde el PP podría cuestionarla con mayor dureza.
El choque institucional subraya la asimetría del sistema bicameral español. Mientras el Congreso inviste al presidente y puede retirar su confianza, el Senado carece de herramientas coercitivas para exigir la presencia de los ministros. La ausencia de Robles, Marlaska y Albares no activa sanciones penales, pero sí refuerza la percepción de que el Gobierno relega a la Cámara Alta a un papel secundario.
