La ministra descarta instalar carpas en la Fábrica de la Harina, mientras el PP acusa al Gobierno de convertir la ciudad en un campamento
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, mantienen un pulso por la gestión de los 72.000 inmigrantes llegados a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio desde Marruecos. Saiz aseguró en RNE que ambos apuestan por la «colaboración entre administraciones», pero Vivas denunció que el Gobierno central rechazó usar la antigua Fábrica de la Harina y la Estación de Ferrocarril para instalar carpas, acusando a Moncloa de convertir Ceuta en un «campamento».
Saiz negó que se vayan a desplegar dispositivos en esos dos emplazamientos y subrayó que las acciones del Ministerio responden a acuerdos previos con el Gobierno ceutí. Sin embargo, reconoció que Vivas «tiene que hacerse escuchar» y compartir las «inquietudes de la ciudadanía», aunque insistió en que comparten el objetivo de dar una «respuesta humanitaria». La ministra también criticó las declaraciones de dirigentes del PP en Ceuta, cuestionando su utilidad y advirtiendo que la visita de Alberto Núñez Feijóo este miércoles no debería servir para anunciar recortes a organizaciones que trabajan con inmigrantes.
El conflicto refleja la tensión entre el Gobierno central y el PP, que gobierna Ceuta con mayoría absoluta desde 2001. Vivas, del partido popular, ha exigido mayor autonomía en la gestión migratoria, mientras el Ejecutivo central —que controla las competencias de extranjería— prioriza la coordinación inter administrativa. La Ley Orgánica 1/1995, que regula el régimen especial de Ceuta y Melilla, otorga al Estado la última palabra en materia de seguridad y migraciones, pero obliga a consultar a las instituciones locales en decisiones que afecten al territorio.
La entrada masiva de julio —la mayor en una década— superó la capacidad de acogida de Ceuta, donde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tiene una capacidad oficial de 512 plazas. El Ministerio de Migraciones activó protocolos de emergencia, pero Vivas ha denunciado falta de previsión y recursos. Mientras, Feijóo aprovechará su visita para reforzar el discurso de su partido, que acusa al Gobierno de Sánchez de «abandonar» las ciudades autónomas en la gestión de fronteras.
La polémica se enmarca en un contexto más amplio: el PP ha intensificado sus críticas al Gobierno por la política migratoria, especialmente tras el acuerdo con Marruecos en 2022 para reabrir las fronteras comerciales de Ceuta y Melilla. El partido popular exige mayor control fronterizo y recursos adicionales, mientras el PSOE defiende la vía diplomática y la colaboración con Rabat como solución a largo plazo.
Fuente: The Objective
