James ‘Fergie’ Cox Chambers, arrestado el 10 de julio, afronta hasta 30 años de prisión por blanqueo y financiación del terrorismo; su familia denuncia persecución política de Trump.
El exjuez Baltasar Garzón liderará la defensa de James «Fergie» Cox Chambers, el millonario estadounidense activista anticapitalista y propalestino detenido el pasado julio en Ibiza y cuya extradición reclama Estados Unidos. Chambers fue arrestado el 10 de julio en la isla balear en cumplimiento de una orden internacional emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y cursada por Interpol, y desde entonces permanece encarcelado en un centro penitenciario de Madrid a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su entrega.
Las autoridades estadounidenses le atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a través de Hamás y la resistencia palestina, en una causa que sigue bajo secreto y por la que se enfrenta a hasta 30 años de prisión. A través del despacho de abogados de Garzón, Ilocad, el acusado rechaza las acusaciones y adelanta que defenderá ante los tribunales españoles que las actividades investigadas no tienen contenido penal y se enmarcan en su actividad filantrópica de apoyo a iniciativas humanitarias, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza.
El procedimiento de extradición se tramitará conforme a la legislación española: la fase judicial corresponde al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y, si este tribunal declara procedente la entrega, la decisión final sobre su ejecución recaerá en el Gobierno de España. La familia de Cox Chambers ha asegurado en un comunicado remitido a EFE que la extradición responde a una «persecución política» por parte de la Administración Trump por su apoyo a la causa palestina.
No es la primera vez que el bufete de Garzón asume un caso de extradición de alto perfil: ya representó al fundador de Wikileaks Julian Assange en otro conocido proceso. El caso sitúa de nuevo a la Audiencia Nacional en el centro de una pugna entre la justicia estadounidense y la defensa de activistas internacionales, en un momento de máxima tensión política por la crisis migratoria en Ceuta.
Fuente: La Razón
